El Pleno de las Juntas Generales reclamó ayer al Gobierno Vasco, con el apoyo de PNV y PSE, que los Presupuestos vascos para 2022 consignen una cantidad suficiente para las ayudas de emergencia social, las AES, y que en las mismas se eleve el límite financiable a los gastos de energía, dada la escalada en los precios de la electricidad o el gas. Además, se instó al Gobierno español a fomentar el desarrollo de "un nuevo mercado que ponga en el centro la demanda con el objetivo de disponer de un suministro de energía limpia, barata y segura".

La moción de los grupos que sustentan al gobierno foral -y también al autonómico- nació como respuesta a una propuesta inicial del PP que reclamaba, al igual que hicieron EH Bildu o Elkarrekin Araba, la elaboración de un estudio por parte de la Diputación alavesa que analice la incidencia de la pobreza energética en el territorio. El debate se produce en un contexto preocupante, por cuanto la bajada de las temperaturas amenaza con agravar la situación de muchas familias vulnerables que no podrán encender la calefacción.

Según recordaron las procuradoras Ana Morales (PP) y Laura Fernández (Elkarrekin Araba), Cruz Roja ha asegurado que la pobreza energética ha aumentado un 35% entre enero y octubre en Euskadi, y no se estima que el precio de la energía vaya a bajar durante el invierno, sino más bien lo contrario. Por su parte, el procurador de EH Bildu Luis Salgado reclamó, también al igual que Elkarrekin Araba, una reforma fiscal que permita aliviar desde los poderes públicos las necesidades básicas en materia de energía.

Roberto González, del PNV, rechazó la necesidad de elaborar un estudio porque "la Diputación conoce esta situación", y la solución, dijo, ha de venir de otras instituciones, del Gobierno español y del Gobierno Vasco. Jon Nogales, del PSE, dijo compartir "buena parte del diagnóstico" de la oposición, pero no las soluciones aportadas.

Los grupos trataron de negociar una enmienda transaccional para consensuar posturas, pero esta finalmente no llegó a prosperar.

Además, en el Pleno se debatió una moción de Elkarrekin Araba en la que su portavoz, David Rodríguez, pedía a los ayuntamientos del territorio alavés y a la Diputación que ejerzan las potestades que les otorga el decreto 149/2021, de vivienda deshabitada y que deriva de la Ley vasca de Vivienda. Entre otras cosas el decreto faculta a las instituciones a "iniciar urgentemente procedimientos de expropiación de viviendas propiedad de los grandes tenedores, de los bancos y de fondos de inversión, en caso de incumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación, cuando resulte necesaria para garantizar su uso adecuado como vivienda".

Finalmente salió adelante una enmienda de PNV y PSE que pide "a las instituciones competentes" que "en función de sus competencias y capacidades, y dentro de la autonomía municipal", asuman las funciones que les otorga el citado decreto.

Por otro lado, el juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno planteó la creación de un inventario de suelos aprovechables para la implantación de centrales eólicas o fotovoltaicas en Álava, con el fin de evitar los emplazamientos más vulnerables desde el punto de vista medioambiental.

PNV y PSE hicieron valer su mayoría para reiterar lo expuesto en la moción del pasado 24 de febrero en la que instan al Gobierno Vasco a acelerar el proceso de aprobación del nuevo Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (PTS), llamado a salvaguardar los espacios de mayor valor medioambiental y que "no llega nunca", según García-Moreno.

Pobreza energética. La pobreza energética ha aumentado un 35% entre enero y octubre en Euskadi, según Cruz Roja.

La juntera del PP reclamó a la Diputación que garantice las prestaciones a los colectivos más vulnerables para que puedan hacer frente al gasto energético.

1950

Más de setenta años después de la firma entre la Diputación y el entonces Ministerio de Obras Públicas de los convenios de 9 de marzo de 1950, sobre transporte por carretera y sobre coordinación de transportes terrestres, ayer las Juntas ratificaron un convenio de actualización de dichos acuerdos. El trámite era necesario para hacer efectivo el traspaso de las competencias de transporte por carretera a Euskadi.