En las viviendas okupadas de Olarizu no había ningún niño en situación de desprotección, “porque ya nos habíamos encargado de las cinco familias que tenían niños en darles alojamiento por su vulnerabilidad. No había niños en Olarizu”. Así lo ha hecho saber este lunes el concejal delegado del departamento de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia, Jon Armentia.
Preguntado por el grupo municipal Elkarrekin por una posible alternativa habitacional a las personas vulnerables desalojadas el día 8 de Olarizu, ha señalado que desde los servicios municipales vienen atendiendo a las personas residentes en la avenida de Olarizu desde que comenzó la okupación de las viviendas.
En todo este tiempo, afirma que algunas personas se han mantenido en las viviendas, otras se han trasladado a otras o a recursos sociales de acogida, y algunas se han marchado de la ciudad. “En todo caso, la atención social a estas personas ha sido desde la individualidad y autonomía de cada una de ellas”.
Reconocimiento de vulnerabilidad
Así, y desde que el Ayuntamiento decidió iniciar el procedimiento de recuperar las viviendas, explica que se avisó a todas las personas que allí residían de este hecho, y se les ofreció en el momento de la notificación la posibilidad de acudir a los servicios municipales para hacer una valoración social y reconocimiento de la vulnerabilidad.
Entre el 22 de octubre y el 9 de noviembre de 2020 se realizaron entrevistas con 33 personas correspondientes a 24 unidades convivenciales. Se consideró que había situaciones de vulnerabilidad en 19 unidades convivenciales, según ha reiterado Armentia, que también ha recordado lo que se interpreta por vulnerabilidad.
Al fin y al cabo, se consideran condiciones de especial de vulnerabilidad las unidades familiares de las que forma parte una persona menor de edad, las personas mayores de 60 años, unidades familiares en las que alguno de los miembros tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y vulnerabilidad económica al no tener ingresos y encontrarse en situación de desempleo.
A esas 19 unidades se les entregó, según ha hecho saber, el correspondiente informe para que pudieran presentarlo dentro del proceso administrativo en sus alegaciones, y de cara a la oferta de recursos en los servicios sociales. Además, se les realizaron desde noviembre propuestas de apoyo dentro de la cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales.
Recursos
“Fruto de ello, con carácter previo a la autorización judicial de desalojo, 12 personas ya habían salido de Olarizu y accedido a otros alojamientos; dos al Cmas (Centro municipal de acogida social), dos al Aterpe y ocho a viviendas en la ciudad con apoyo de prestaciones municipales”, ha afirmado, al tiempo que rememoraba que en estos meses han tenido conocimiento a través del seguimiento de la situación de que otras nueve personas habían abandonado las viviendas. Algunas incluso se habían trasladado a otras ciudades.
En el momento en el que se dictó el auto judicial, entre el 3 y el 8 de junio, otras tres personas accedieron al Cmas, otras tres al Aterpe y una más a un apartamento tutelado de mayores de manera excepcional, todo esto “fruto de la actuación del Ayuntamiento”.
Finalmente, Armentia ha resaltado que a todas las personas “desde mucho antes de esta intervención se les dijo que se iba a derribar, y todas las que lo han demandado han tenido una oferta de recursos”.
