- El colectivo de ciclistas urbanos Gasteizko Bizikleteroak ha presentado sus alegaciones en el proceso de aportaciones para la elaboración de la futura ordenanza de Movilidad de Gasteiz. En la segunda semana de este mes terminará también el plazo para que las diferentes formaciones políticas aporten sus planteamientos y a partir de ese instante empezará el recorrido para terminar recibiendo la necesaria aprobación en la comisión de Movilidad y la ratificación posterior en el Pleno municipal.

En las aportaciones presentadas por Gasteizko Bizikleteroak, el colectivo incide en su ya conocida opinión de que la capital alavesa no necesita una ordenanza nueva, "sino hacer cumplir la existente, como llevamos solicitando desde hace años, actualizando aquellos aspectos", enmarcan en la argumentación aportada a sus explicaciones. Sostienen su posición recordando que la actualización de la ordenanza en una acción "recogida" en un avance del plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) que está sin aprobar y cuyo proceso participativo está sin finalizar", recuerdan.

En lo referido a la nueva ordenanza "llama la atención", en opinión de Bizikleteroak, que la exposición de motivos esté dirigida en el sentido de incidir "en esta premisa falsa que es la de anteponer el transporte público a la bicicleta, basada en un pacto ciudadano inexistente. La ordenanza vigente de 2014 establece a la bicicleta como vehículo preferente lo que esta nueva ordenanza pretende descartar", lamenta el colectivo de ciclistas urbanos. Un nuevo documento de ordenanza de movilidad sería necesario "si la vigente no fuera funcional, lo que no queda demostrado en la exposición de motivos. El problema con respecto a la circulación de las bicicletas, es que la ordenanza vigente no se ha hecho cumplir y los datos del análisis del comportamiento realizado por el observatorio de la bicicleta lo demuestran", explica Gasteizko Bizikleteroak entre los motivos que fundamentan sus alegaciones a la ordenanza de movilidad en pleno proceso de discusión y elaboración por parte del Ayuntamiento para su entrada en vigor.