Los gélidos tres grados que marcaba hoy el mercurio al mediodía no han amedrentado al colectivo de pensionistas alaveses, quienes han salido a las calles de la capital alavesa en una movilización que también se ha repetido en Donostia, Bilbao y en otras localidades vascas para exigir unas pensiones “públicas dignas, justas y suficientes”, rechazar las recomendaciones del Pacto de Toledo y decir “no” a una nueva reforma del sistema.

En concreto, la concentración de Vitoria ha partido en varias columnas, para respetar la distancia interpersonal con el fin de evitar la propagación del covid, a las 12.00 horas desde el museo Artium, “en protesta por aquellos aspectos en que el Pacto de Toledo nos ha vuelto a dejar atrás”, como explica Juan Antonio Armentia, de Pentsionistak Araba.

La decisión de esta convocatoria simultánea nació en las respectivas asambleas locales y territoriales de los pensionistas ante “la desatención” hacia sus demandas que han vuelto a demostrar los partidos políticos. En este sentido, el movimiento considera “insuficientes” las medidas de reforma acordadas en el Pacto de Toledo porque, a su juicio, “consolidan el actual deterioro de las prestaciones y proponen empeorarlas en el futuro”.

Así, en el transcurso de estas marchas, se han podido escuchar gritos de “un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar”, las pensiones “se defienden” y denuncias de “miseria laboral”. Los asistentes en Gasteiz, por ejemplo, llevaban pancartas en las que se podía leer: “No a la la pobreza energética” o “1.080 euros. Salarios y pensiones dignas”.

A su juicio, las recomendaciones del Pacto de Toledo han puesto en evidencia “la gran mentira” de que la Seguridad Social Pública es “insostenible y la imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC”.

Según denuncian, se trata de un discurso que ha sido “magnificado interesadamente por los grandes poderes económicos alentando, al mismo tiempo, el impulso de los fondos privados de pensiones individuales o colectivos”.

Sin embargo, critican que, entre esas recomendaciones, no se recogen algunas de sus reivindicaciones como una pensión mínima de 1.080 euros; derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados; medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, o el aumento hasta el 100% de la base reguladora de la pensión de viudedad como única fuente de ingresos.

Asimismo, censuran que no se recojan “medidas imprescindibles” para promover “empleos dignos, que garanticen pensiones dignas”. “No se derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 ni se establece un SMI de 1.200 euros previsto en la Carta Social Europea. Siguen vigentes el factor de sostenibilidad y la reforma de pensiones de 2011 e incluso se abre la puerta a nuevas reformas; a penalizar la jubilación anticipada y endurecer las condiciones de acceso al 100% de la pensión y a impulsar planes privados de pensiones con dinero público”, protestan.

Aparte de ello, se muestran críticos con los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado jueves en el Congreso y, al margen de las “consideraciones del contexto político en el que se dan”, han mostrado su “insatisfacción”.

Ante esta situación y después de 34 meses y medio de movilizaciones ininterrumpidas, los pensionistas han anunciado que seguirán realizando, en las próximas semanas e incluso meses “si es preciso”, concentraciones todos los lunes, manifestaciones y otras iniciativas de protesta social “aún más fuertes”, buscando “la colaboración y apoyo social más amplio posible en defensa de unas pensiones públicas, empleos y salarios dignos”.