El próximo lunes está previsto que arranque en la Audiencia de Álava el juicio contra el hombre acusado de matar a su mujer en el municipio de Lantarón en octubre de 2017 para quien las acusaciones piden 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Se trata del primer juicio con jurado que se va a celebrar en Álava durante la pandemia de coronavirus y está previsto que arranque a las 9.30 horas con la conformación del jurado y posteriormente con la declaración del acusado, que ha reconocido los hechos en sede policial y judicial, y para quien su defensa pide 15 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, según han indicado fuentes judiciales.

En la causa además de la Fiscalía están personadas dos acusaciones particulares (la de la familia de la víctima y el Consejo del Menor de la Diputación alavesa) así como la popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor. Todas reclaman 25 años de cárcel para el acusado.

En un principio se han fijado, además del día 30 de noviembre, sesiones las dos primeras semanas de diciembre: los días 1,2, 3, 4, 9 10 y 1.

La defensa ha solicitado que se tenga en cuenta como atenuantes el reconocimiento de los hechos, ya que el acusado admitió tanto en sede policial como ante el juzgado durante la instrucción ser el autor de la muerte de su mujer, y la reparación del daño causado, al haber pedido perdón a los dos hijos del matrimonio y hacerles entrega de todos sus bienes.

La defensa también reclama que se aprecien las dilaciones indebidas en este procedimiento por el tiempo transcurrido hasta el juicio.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado "decidió acabar con la vida" de su mujer, Ana Belén, de 45 años, al no aceptar que ella iniciara nueva relación sentimental y quisiera divorciarse de él.

Relata que el matrimonio entró en crisis en 2017 y que fue ella la que manifestó su intención de separarse para lo cual llegó a contactar con un abogado.

Él sin embargo no aceptó la situación y, además de decir que era suya "o de nadie", controlaba sus salidas y su teléfono e incluso pedía a los dos hijos del matrimonio que le informaran de dónde estaba su madre.

Ante esta situación y "siendo ya insostenible la convivencia", el escrito de acusación relata que el 28 de septiembre de 2017 ella concertó una cita con la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados con la finalidad de informarse acerca de los trámites de divorcio.

La cita se fijó para el 5 de octubre de 2017 pero fue asesinada dos días antes. El 3 de octubre él le escribió un mensaje para que fuera a recogerle a Miranda de Ebro (Burgos) a primera hora del día, algo que ella hizo para después dirigirse al domicilio familiar en Turiso, un pequeño pueblo perteneciente al cercano municipio alavés de Lantarón.

Tal y como relata la Fiscalía, ambos discutieron. Después él se fue a un cobertizo ubicado junto a la vivienda donde cogió un martillo para a continuación dirigirse a la cocina donde estaba su mujer y, "aprovechando que estaba de espaldas", de manera "sorpresiva" la golpeó con el martillo en la parte posterior de la cabeza dejándola inconsciente en el suelo.

Añade que a pesar de que ella estaba "sin posibilidad de defensa" continuó golpeándola con fuerza en la cabeza hasta que comprobó que había muerto. El cadáver presentaba 12 heridas en la cabeza.

A continuación y "siguiendo el plan que había preparado en los días anteriores", limpió la cocina, introdujo el cuerpo en la parte trasera del vehículo que esta utilizaba y condujo hasta Miranda de Ebro donde lo dejó aparcado.

Ese mismo día una vecina de esa localidad burgalesa descubrió el cadáver y el presunto asesino fue detenido en su puesto de trabajo en la planta de Mercedes Benz de Vitoria adonde se había incorporado en el turno de tarde. Confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional desde entonces.

La Fiscalía considera que concurren las agravantes de parentesco y de comisión del delito por razones de género.

Además de los 25 años de cárcel, también reclama que indemnice a los dos hijos del matrimonio con un total de 240.000 euros (120.000 por cada) y a los tres hermanos de la víctima con 60.000 euros.