- El Ayuntamiento de la capital alavesa recibió ayer la sentencia emitida el 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que da la razón al equipo de gobierno en su decisión de aplicar durante el mes de marzo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a la plantilla de Tuvisa. Se agarró el equipo de gobierno al brusco descenso en el transporte de viajeros durante las jornadas más crudas de la pandemia y con el confinamiento de la población en sus domicilios, que llegó a vaciar los autobuses. Se registraron pérdidas de usuarios que llegaron en muchas jornadas a ser del 95% de la cantidad habitual de viajeros.
En las hojas que acompañan al fallo del TSJPV se concreta cómo la empresa, una sociedad municipal participada exclusivamente por el Ayuntamiento de la capital alavesa, "aunque pertenece al sector público institucional, no es una administración pública ni una entidad de derecho público vinculada a una de ellas", argumenta la sentencia. Siendo así, el TSJPV considera que Tuvisa "puede acogerse a un ERTE por fuerza mayor", remarcó en su posicionamiento la instancia judicial en el fallo que trascendió ayer.
Desde el gobierno municipal se procedió a "valorar esta sentencia satisfactoriamente. El Tribunal da la razón al gobierno municipal y a la gerencia de Tuvisa. El fallo supone un espaldarazo a la gestión realizada ante la pandemia provocada por el covid-19. También demuestra que el alcalde, Gorka Urtaran, y su equipo, han defendido el interés general desde el primer día, tal y como seguirán haciendo en adelante", indicaron portavoces del gabinete Urtaran una vez difundido el contenido de la resolución.
El comité de empresa de Tuvisa llevó el asunto a los tribunales y el juzgado de lo Social número 2 de Vitoria falló a su favor al entender que el expediente era "injustificado". Aunque la sentencia reconocía que hubo causas de fuerza mayor que justificaban la regulación temporal de empleo, concluía que no cabía aplicar la figura jurídica del ERTE en una entidad pública como Tuvisa porque la mayor parte de sus ingresos provienen de las instituciones y no de la venta de billetes. El equipo de gobierno de Gorka Urtaran interpuso un recurso y se remitió a dos sentencias del TSJPV de 2014 y 2015 que dictaminaban que Tuvisa es "una sociedad privada municipal que se rige por el ordenamiento privado"; así como al visto bueno que el Departamento de Trabajo dio en su momento al expediente.
En la tarde de ayer, y puestos en contacto desde DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA con responsables del comité de empresa de Tuvisa se contempló la situación que se abre ahora tras la resolución del TSJPV. En este sentido, las fuentes sindicales apuntaron a una reunión con los servicios jurídicos para "valorar la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo", llegaron a deslizar como paso al que pueden recurrir.
El ERTE en Tuvisa comenzó a aplicarse el pasado 21 de marzo y afectó a un total de 260 chóferes de la sociedad municipal.
