- El diputado general, Ramiro González, defendió ayer la modificación normativa en la norma que regula el Fondo foral de financiación de las entidades locales (Fofel), para ajustarla a situaciones excepcionales de caída de la recaudación como la actual, derivada de la pandemia del covid-19. En la comisión de Equilibrio Territorial celebrada ayer en las Juntas, a la que acudió junto a la diputada de este área, Irma Basterra, González recordó que la decisión de ajustar el último pago del Fofel a los ayuntamientos en octubre, fruto de la bajada de la recaudación, cuenta con el “respaldo mayoritario” de los alcaldes, con los que el mandatario foral mantuvo varias reuniones por videoconferencia durante el confinamiento.

Finalmente, la decisión tomada fue abonar a las entidades locales el tercer pago anual del Fofel, el de julio, sin cambios económicos, para proceder a hacer los ajustes en octubre, último abono trimestral que la Diputación realiza a los ayuntamientos y cuadrillas de Álava. En mayo, las cifras aproximadas derivadas de la bajada de la recaudación apuntaban que las entidades locales recibirían más de 50 millones de euros menos este año por la crisis económica fruto del covid-19, aunque según resaltó ayer la diputada de Equilibrio Territorial, las cantidades finales, que se conocerán una vez se celebre la reunión del Consejo vasco de finanzas, han mejorado ligeramente al hacerlo también las últimas previsiones. Por tanto, “habrá cuarto pago del Fofel”, aseguró Basterra, aunque con cantidades mínimas.

Durante la comisión, el diputado general se mostró especialmente crítico con la postura de EH Bildu, a quienes acusó de “poner zancadillas” en lugar de “arrimar el hombro” en una cuestión crucial, especialmente en un momento como el actual, como es la financiación de las entidades locales. Igualmente, explicó que la decisión de acometer el ajuste en octubre partió de los ayuntamientos. “Esto es una situación económica sin precedentes, y el reparto entre los distintos niveles institucionales no lo decide la Diputación. Si aplicáramos el modelo tal y como está establecido, sin ningún cambio normativo, la Diputación abonaría el 100% de la cantidad prevista para en febrero reclamarles la devolución de la liquidación negativa, y expresamente todos los ayuntamientos, sin excepciones, nos han pedido que no hagamos eso, porque colocaría a las entidades locales en una situación insostenible en 2021.