Vitoria. La diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Álava, Itziar Gonzalo, ha calculado que se retrasará el pago a la Hacienda alavesa de 185 millones en virtud del decreto normativo de urgencia fiscal que permite aplazar el pago de impuestos y a la vez adelantar ingresos por parte de la Diputación.
Gonzalo ha explicado en una comparecencia en las Juntas Generales que esta cantidad "llegará diferida en la recaudación de este año" tras el efecto que tendrán las medidas económicas adoptadas a raíz de la crisis del coronavirus, con el retraso del pago de varios impuestos a la Hacienda alavesa para "aportar liquidez a las empresas y autónomos del territorio".
Y es que el decreto normativo de urgencia fiscal contempla prórrogas en el pago del IVA y retrasa hasta junio o hasta que finalice el estado de alarma, según los casos, las retenciones a cuenta del IRPF.
La diputada ha estimado en "16,5 millones de euros" la caída de la recaudación por la suspensión de los pagos fraccionados a los autónomos y profesionales de Álava. Asimismo, el retraso en el pago de los fraccionamientos vigentes tendrá un impacto económico estimado de 2 millones de euros.
Unos cálculos a los que sumar "la previsible bajada de la recaudación" derivada de la paralización y caída de la actividad económica durante el estado de alarma, aunque la diputada de Hacienda ha instado a esperar "hasta el final de la crisis" para conocer su efecto final.
Ha explicado que "ante la caída de la recaudación" estudian diversos escenarios para "adaptar los presupuestos" y que están clasificando los proyectos en función de "su impacto" sobre "ejercicios posteriores" y las necesidades de financiación surgidas por la crisis.
Entre las medidas fiscales adoptadas, la Hacienda alavesa ha prorrogado hasta el 1 de junio el inicio de los plazos en procedimientos tributarios, ha suspendido hasta el 1 de junio o hasta la finalización del estado de alarma, según los casos, el plazo de declaración de ingreso de las liquidaciones y de determinadas autoliquidaciones y ha aplazado la tramitación de los procedimientos tributarios.
También ha establecido un fraccionamiento especial de deudas tributarias y ha anulado los pagos fraccionados de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas.
Respecto a la ya iniciada campaña de la renta, los contribuyentes no tendrán que pagar a Hacienda hasta el 20 de noviembre si su declaración es positiva, mientras que se mantiene el compromiso de ingresar en 48 horas las declaraciones negativas.
Itziar Gonzalo ha informado además de un nuevo incentivo fiscal para las aportaciones que el sector privado haga a los servicios sociosanitarios, ya que se "podrá considerar gasto deducible el importe aportado".
La diputada de Hacienda ha explicado estas medidas en el seno de la comisión Permanente de la Juntas Generales de Álava que se ha desarrollado este miércoles de forma telemática.
La oposición le ha pedido que cuantificara "la caída de la recaudación" y ha solicitado la convocatoria de una reunión del Consejo Vasco de Finanzas "para abordar conjuntamente" los efectos de la crisis sociosanitaria.
Los más críticos con la labor del Gobierno foral han sido EH Bildu y el Partido Popular.
El juntero de la coalición abertzale Iñaki Ullibarri ha reclamado ayudas para "las entidades locales" y ha augurado que la crisis volverá a recaer sobre "los sectores más castigados".
La juntera popular Ana Morales ha calificado de "insuficientes" las medidas adoptadas por la Diputación y ha reprochado a la diputada que sus explicaciones son "las mismas de hace un mes".
