En Pobes

Ribera alta se queda sin residencia de mayores

El ayuntamiento inicia la rescisión del contrato de ampliación de 9 a 26 plazas

12.02.2020 | 06:22
Fachada de la residencia.

Pobes - El Pleno del Ayuntamiento de Ribera Alta ha iniciado el expediente de resolución del contrato de construcción, equipamiento y puesta en marcha del centro residencial para personas de la tercera edad de 26 plazas residenciales y centro de día en Pobes, así como el arrendamiento del mismo para su gestión integral ubicado en Pobes, al lado de la casa consistorial, por incumplimiento de las condiciones por parte del adjudicatario, según confirma el alcalde, Jesús Berganza.

El origen de esta instalación se remonta al año 2013, cuando el ayuntamiento decidió construir el edificio para albergar a 12 personas en un centro de día y a 9 internos, sin especificar el régimen. Es decir, si era residencia o vivienda tutelada o comunitaria. Al parecer, según informaciones que se barajan en grupos junteros de la oposición, ese edificio contó con recursos externos para su financiación y se menciona la cantidad de un millón de euros procedentes de Bruselas.

Según el acuerdo aprobado por el Pleno la pasada semana, con fecha 6 de abril de 2017, el Ayuntamiento de Ribera Alta aprobó los pliegos de condiciones y el inicio de un procedimiento de contratación para la ejecución de obra (2ª fase), el equipamiento y dotación de un centro residencial para personas mayores.

El objeto del contrato consistía en dos fases. La primera era la adecuación física y constructiva, el equipamiento, dotación y puesta en funcionamiento de la construcción ya existente para uso como centro de día de doce plazas y residencia para nueve usuarios.

Y, simultáneamente a la gestión de la primera fase, se acometería la construcción del resto de la residencia con equipamiento y dotación de la misma, así como la puesta en funcionamiento del total de la actividad para 26 personas en régimen de residencia, sin incremento en el centro de día. Según la documentación de la licitación, el Ayuntamiento redactaría y aprobaría el proyecto de ejecución correspondiente a la fase dos en los tres meses siguientes de producirse la adjudicación y las obras quedarían en poder del Ayuntamiento, junto al resto de las instalaciones y equipamiento, una vez finalizado el periodo de arrendamiento.

El contrato se adjudica a la mercantil Kie Soziala por acuerdo plenario de 14 de febrero de 2018 y se firmó el 4 de abril de 2018. En el mismo, el adjudicatario se comprometía a ejecutar las obras con estricta sujeción a los precios, pliego de condiciones y demás documentos contractuales. Para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor del Ayuntamiento una fianza por importe de 47.500 euros.

El 28 de junio, el Ayuntamiento presenta el proyecto de ejecución de la ampliación de la residencia y centro de día y se lo entrega a la firma antes mencionada. Y para el funcionamiento de la primera parte, centro de día y vivienda comunitaria, el Ayuntamiento concedió la licencia de actividad clasificada y la licencia de apertura el 9 de agosto de 2018. Un mes después, el 17 de septiembre, el departamento de Servicios Sociales de la Diputación de Álava emitió la orden 133/2018, por la cual se concedía autorización de funcionamiento para la vivienda comunitaria en Pobes.

El 4 de octubre de 2018, el Pleno municipal aprobó el proyecto de ejecución de ampliación de residencia, que había sido redactado por los arquitectos Ana y Jon Eguia Solaun. Pero, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, no se ha iniciado ningún tipo de obra.

El 17 de mayo de 2019, Kie Soziala solicita la resolución del contrato, pero por mutuo acuerdo, argumentando que "el retraso en el inicio de las obras de la fase dos se debe a que el mismo solo procede una vez sea aprobado el correspondiente proyecto por el Ayuntamiento, aprobación de la que no tiene constancia la adjudicataria", la "acumulación de diferentes incidencia en el proyecto que ponen en riesgo el mismo por incidir negativamente en la obtención de la necesaria financiación bancaria", así como "las dudas sobre las competencias municipales en la materia expuestas de forma reiterada por algunos concejales en las sesiones plenarias"; refiriéndose a la falta de un proyecto claro, como denunció reiteradamente EH Bildu" y hasta un supuesto "desencuentro entre administraciones que ha condicionado el desarrollo y la propia viabilidad del proyecto".

El Ayuntamiento rechazó esos argumentos y replicó que "no resulta verosímil admitir que, habiendo estado presente en el municipio en cuanto al equipamiento de la vivienda comunitaria no tuviera conocimiento de la aprobación en octubre de 2018 del proyecto de construcción de la fase dos de la residencia", rechazando las dudas sobre competencias y los desencuentros entre administraciones.

Así que, tras recordar que el contrato de licitación era de obras, el equipo de gobierno dictaminó el incumplimiento de las obligaciones asumidas en contrato, es decir: no puesta en servicio e inicio de la actividad del centro de día y no ejecución, ni tan siquiera inicio, de las obras, el equipamiento y dotación de un centro residencial para mayores de 26 plazas.

Reacciones DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA ha ofrecido al encargado de la empresa adjudicataria, José Omaetxeberria, la posibilidad de aclarar esta situación, pero la invitación no fue aceptada. Por su parte, la Diputación, que sólo aportó una ayuda al inicio del proyecto, ha matizado que únicamente ha intervenido en este tiempo para dictaminar que lo construido reunía los requisitos. Explica que la titularidad del centro corresponde al Ayuntamiento de Ribera Alta, no teniendo el instituto foral de bienestar social ninguna plaza concertada con dicha residencia. Y recuerda que únicamente es parte implicada en la medida en que inscribe y concede a entidades, centros y servicios de titularidad pública y privada las autorizaciones previas, autorizaciones de funcionamiento, visitas de inspección y todas aquellas funciones que la legislación le faculta.