vitoria. Cuando el pasado verano el grupo inversor liderado por Josean Querejeta confirmó tras muchos meses de tiras y aflojas su definitivo desembarco en el Deportivo Alavés, alcanzó diferentes compromisos con las partes implicadas en el proceso. Uno de ellos afectaba directamente a sus predecesores en la gestión del club, la familia Ruiz de Gauna, y se correspondía con la compra del paquete accionarial que estaba en poder de los anteriores directivos. En total, la operación obligaba a un desembolso de 500.000 euros que se dividió en dos plazos.

El primero de ellos se hizo efectivo en el momento que tuvo lugar el traspaso de poderes en las oficinas del Paseo de Cervantes mientras que el segundo y definitivo quedó aplazado a un año después. Pues bien, los doce meses pactados han transcurrido ya y el Alavés tenía que hacer frente en estos momentos al pago de esta cantidad.

Aunque algunos rumores hablaban de la posibilidad de que el grupo liderado por Querejeta no hiciera frente a esta obligación, finalmente no ha sido así y el Alavés ha satisfecho la deuda que mantenía con la familia Ruiz de Gauna. De esta manera, los propietarios del Grupo Bidasoa recibieron el pasado lunes los pagarés entregados por el club del Paseo de Cervantes por importe de los 250.000 euros pactados y que dejan definitivamente zanjadas las relaciones entre ambas partes.

Este, en cualquier caso, no es el único gasto importante al que tiene que hacer frente la directiva de Avelino Fernández de Quincoces. Porque al margen del dinero que tendrá que desembolsar para rescindir los contraros de los cuatro jugadores con los que no cuenta -Sendoa, Azkorra, Javi Casares y Alex Vallejo-, también tiene pendiente satisfacer la nueva exigencia de la Federación para poder competir el próximo ejercicio. Y es que al haber tenido deudas por impagos a sus jugadores en los anteriores ejercicios está obligado a presentar un aval por valor de 200.000 euros. Debe hacerlo durante los cinco primeros días del próximo mes de julio y en el caso de no poder cumplir con esta obligación quedará automáticamente fuera de la Liga.

Telefónica No obstante, no todo son malas noticias en el apartado económico. Y es que finalmente Telefónica ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que daba la razón al Deportivo Alavés en el conflicto que mantienen desde 2001 por los derechos de retransmisión de la final de la Copa de la UEFA. Como consecuencia, la escuadra albiazul puede respirar tranquila al tener claro que no tendrá que pagar el 1,7 millones de euros que le reclamaban.