“Jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras”. Es la valoración del informe de Inspección de Trabajo sobre el ERE de Tubos Reunidos, que ha afectado a 240 trabajadores, 177 de ellos en Amurrio.
“De las actuaciones inspectoras practicadas y a la vista de la documentación analizada, aun cuando el periodo de consultas ha finalizado sin acuerdo, no se aprecian indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la actuación empresarial durante la tramitación del despido colectivo”, concluye el informe de Inspección de Trabajo.
Este informe es preceptivo, aunque no vinculante, y podrá ser tenido en cuenta en los anunciados recursos judiciales por parte de ELA, LAB y ESK contra el ERE.
Inicialmente el ERE preveía 301 despidos que finalmente quedaron en 240 por la adscripción voluntaria a las bajas incentivadas y tras el requerimiento de la propia Inspección de Trabajo para convertir 46 contratos temporales en indefinidos.
"Razonable y proporcional"
Inspección de Trabajo entiende que el ERE “cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”. Así, el documento apunta a unas pérdidas de 63 millones de la compañía en 2025, una cifra que era provisional y que en marzo la empresa situó en 118 millones, cifra que avala la auditoría de Ernst & Young remitida por la empresa a la CNMV este lunes.
El informe apunta que este deterioro de los resultados situaría a la compañía en causa legal de disolución, si no fuera porque el préstamo de la SEPI –principal acreedor de la deuda de 263 millones que presenta Tubos Reunidos– es participativo y cuenta como patrimonio. Así, añade que existen “pérdidas actuales y previstas suficientes” a efectos legales, a pesar de que no se constata una reducción persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos.
Inspección de Trabajo también estima las causas organizativas aducidas –el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística, frontalmente rechazadas por el comité–: externalizar la acería supone un ahorro estimado de 8,3 millones de euros al año y la logística, de 0,8 millones. De este modo, Inspección de Trabajo concluye “razonable y proporcional” el ajuste de empleo.
Reunión en Lakua
Este informe se conocía hoy minutos antes de la reunión que el comité de Tubos Reunidos ha mantenido en Lakua con el viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, y representantes de las diputaciones de Álava y Bizkaia.
Los sindicatos con intención de judicializar el ERE –el plazo para hacerlo concluye el 23 de abril– han ratificado esta voluntad, pese al informe de Inspección de Trabajo. El comité ha insistido así en pedir la retirada del ERE y el mantenimiento de la acería y la logística en Amurrio.
En este sentido, el delegado sindical de LAB, Oier Bidaurratzaga, ha recordado en declaraciones recogidas por Efe que en el caso de Maderas de Llodio el Tribunal Superior de Justicia declaró improcedente el ERE contradiciendo aspectos importantes del informe previo de Inspección de Trabajo.
UGT Euskadi, por su parte, ha subrayado en otro comunicado respecto al informe de Inspección de Trabajo que, en relación a las causas alegadas por la empresa, “pone de manifiesto elementos que cuestionan la proporcionalidad de la medida, como los beneficios obtenidos en ejercicios recientes (2022 y 2023) y el carácter cíclico del sector”. Así, UGT ha reiterado su exigencia de que se retire el ERE, insistiendo “en dar voz a la plantilla y en que la huelga indefinida no es una solución para este conflicto”.
Posibles inversores
En un comunicado posterior, LAB ha señalado que el comité preguntó en la reunión por la existencia de contactos con posibles inversores y por la posibilidad de una fusión de acerías vascas: “Se ha reconocido que existen contactos, pero se ha insistido en que ningún inversor entrará en la empresa con el volumen actual de deuda. Sobre la posible fusión, la respuesta ha sido ambigua”. Así, este sindicato ha reclamado al Gobierno Vasco que presione para que la SEPI se reúna con el comité y “que, si el problema es de financiación, como se reconoce, se exija a la empresa la retirada del ERE”.
Según fuentes del Departamento de Industria, el viceconsejero ha trasladado al comité que para que nuevos inversores entren en Tubos Reunidos “es necesario que haya paz social y una quita de la deuda”: “Todas las partes coincidimos en la necesidad de atraer socios industriales a esta empresa, si bien, para que esto sea posible, hay que reducir mucho la deuda”, pero “todavía no se ha encontrado la fórmula adecuada para que SEPI acepte la quita de la deuda”.
