Diversas plataformas en defensa del territorio, medioambientales y sindicatos agrarios han entregado un total de 7.200 nuevas alegaciones contra la implantación de 19 macrocentrales fotovoltaicas por parte de la multinacional Solaria en el Gobierno Vasco.
Durante la concentración que han llevado a cabo este jueves ante la sede central del Ejecutivo vasco en Vitoria-Gasteiz, los colectivos han explicado que el rechazo administrativo a estos proyectos se divide en dos ejes de actuación: la respuesta técnica inmediata a los proyectos actuales y la denuncia social de un modelo de desarrollo que se considera "especulativo".
Un histórico de rechazo social
Los convocantes han calificado la entrega de estas 7.200 alegaciones como "un nuevo hito en la defensa del suelo alavés", sumándose a un histórico de más de 58.000 alegaciones presentadas anteriormente contra otros macroproyectos de diversa naturaleza, tales como centrales eólicas y fotovoltaicas, el Tren de Alta Velocidad (TAV) y el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, entre otros.
Denuncian una "fragmentación ilegal" de los proyectos para eludir la competencia estatal y reducir las exigencias medioambientales.
Los grupos impulsores han denunciado que los 19 proyectos actuales incurren en una "fragmentación ilegal", presentándose de forma artificial como múltiples instalaciones menores de 50 MW, para "eludir la competencia estatal y reducir las exigencias medioambientales".
Además, han destacado el "impacto irreversible" que estas infraestructuras y sus líneas de evacuación, proyectadas hasta Zierbena (Bizkaia), tendrían sobre la biodiversidad, la salud y la viabilidad del sector primario.
Más allá de las alegaciones técnicas, el movimiento popular ha querido manifestar su "oposición frontal al actual modelo de implantación masiva de infraestructuras industriales en zonas rurales".
Según el comunicado conjunto, este despliegue de macrocentrales, centros de datos y plataformas logísticas está encaminado al "lucro privado y la especulación en lugar de a una descarbonización real".
En este sentido, han hecho hincapié en que la lucha actual es un compromiso con las futuras generaciones para "preservar un territorio habitable frente a la amenaza de convertir el entorno rural en un polígono industrial".
'Makroproiekturik Ez'
Por otra parte, las plataformas y grupos en defensa de la tierra, y los sindicatos agrarios han realizado un llamamiento general a la ciudadanía para participar en una "manifestación masiva", el próximo 23 de mayo.
La marcha del 23 de mayo recorrerá Gasteiz bajo el lema 'Makroproiekturik Ez'
Según han informado, la marcha partirá a las 18.00 horas desde la Plaza Bilbao en Vitoria-Gasteiz, bajo el lema 'Makroproiekturik Ez', con el objetivo de "defender la tierra frente a todos los macroproyectos que amenazan el modo de vida y el patrimonio natural de Araba".
El acto que han realizado este jueves y la convocatoria de la movilización de mayo cuentan con el respaldo de cerca de una treintena de colectivos, sindicatos agrarios y plataformas vecinales que abarcan la totalidad del territorio alavés.
Más de mil hectáreas de suelo de cultivo
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) anunciaba este miércoles que se sumaba a la presentación de alegaciones contra los 19 parques solares proyectados por la empresa Solaria en el territorio histórico, solicitando la suspensión inmediata de su tramitación y que el Gobierno Vasco deniegue la autorización previa.
UAGA incide en el hecho de que las plantas ocuparían 1.066 hectáreas de suelo agrícola destinadas a cultivos herbáceos, lo que supondría un aumento de la artificialización del terreno y su incompatibilidad con la normativa agraria y alimentaria vigente.
El sindicato también alerta de que en varios casos se plantea la expropiación de terrenos mediante la declaración de utilidad pública, y señala que algunas instalaciones previstas no encajan en las zonas definidas por el futuro Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables.
En sus alegaciones, UAGA sostiene que el proyecto carece de justificación suficiente y no garantiza un desarrollo ordenado ni respetuoso con el entorno, tal y como exige la legislación vigente en materia de transición energética.
