El Ayuntamiento de Vitoria derivó en 2024 a 1.286 familias al Banco de Alimentos de Álava

El departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria derivó a lo largo del ejercicio pasado a un total de 1.286 familias al Banco de Alimentos de Araba, que dispone de un pabellón en el polígono industrial de Jundiz. Asimismo, al cierre de 2024, concretamente a 31 de diciembre, fueron atendidas desde la ONG 741 familias.

Son los datos aportados por el concejal del área municipal, Lucho Royero, este lunes en comisión, donde, ante estas cifras, ha señalado que se trata de “casos de especial vulneración social”. 

Lo cierto es que los servicios sociales municipales mantienen un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos que se aprueba de forma anual en el que el Consistorio gasteiztarra entrega una cuantía económica que asciende a 29.000 euros. Sin ir más lejos, la última firma –correspondiente a este 2025– se selló el pasado 4 de abril en Junta de Gobierno Local.

Precisamente, sobre la tipología de estas unidades familiares sin recursos, el edil peneuvista señalaba que la mayoría de ellas, el 45%, corresponde a familias encasilladas como “hogar unipersonal”, es decir, unidades integradas por una única persona que presenta bajos ingresos. En el caso de las familias con hijos, estas supusieron el 25,7%, mientras que el resto de porcentajes se reparten entre el “hogar monoparental” (16,6); “hogar ampliado” (6,7%) y otro 6% que se refiere a las familias que no tiene hijos.

Por edades, las cifras municipales dejan ver que la mayoría de ciudadanos que recibieron ayuda de Banco de Alimentos de Araba tenían entre  31 y 45 años, un 43,5%. Le siguen aquellos de entre 46 y 64 años, que supusieron un 30,2%. En este sentido, aquellas personas con edades comprendidas entre los 23 y los 30 años coparon el 18,4% y otro 3,9% en el caso de jóvenes de entre 18 y 22 y los mayores de entre 64 y 84 años.

La mayoría extranjeros

En términos de nacionalidad, tal y como desgranaba el concejal, la mayoría las personas que recibieron apoyo de la organización, un 83,8%, fueron de origen extranjero. Sudamérica es la región que encabezó esa lista con un 41,4%. Por detrás, se encuentra Magreb, con casi el 23% mientras que el 13,5% de los afectados son de origen español; entre los principales datos del registro municipal.

Por otro lado, en lo que respecta a la problemática que sustentan estas unidades familiares, más de la mitad de esas 1.286 –un 57,8%– presentaba una “carencia total de ingresos” mientras que, otro 48,8%, “no cubría las necesidades básicas.

Entre otras de las dificultades que acarreaban, se encuentra la falta de una autorización de trabajo o residencia en el caso de las personas extranjeras; la dificultad que les supone el idioma; la imposibilidad de cubrir los gastos básicos de una vivienda así como la falta de cualificación y formación para acceder al mercado laboral.

Críticas del PP

Sobre todos esos datos, la concejal del PP, Marta Alaña, ha reprochado al equipo de Gobierno que “han aumentado en un 143% las derivaciones” desde 2021, ya que, según sus números, en diciembre de ese año, fueron “304” las familias atendidas por la ONG. En este sentido, la edil popular matizaba que no se trata de un dato “aislado”, y critica, a su vez, el aumento de personas que solicitan el padrón social; entre otras cuestiones.

Por su parte, Royero, ha respondido que ante esa “situación de incremento”, tratan de “adaptar el servicio” y “los recursos existentes” para “responder con calidad a los cambios de demanda social”. Aunque insiste en que “el problema es real en todas las ciudades”.