Las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación "dejar sin efecto las instrucciones de modificación de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en lo referente a la prestación del servicio ofrecido hasta ahora a personas autónomas que estén en riesgo de dependencia o en situaciones de quiebra temporal o necesidad y dependencia sobrevenida".
El Gobierno Foral (PNV-PSE), el Partido Popular y Vox han secundado, con sus votos favorables, una enmienda de sustitución del PP a una propuesta original de EH Bildu, que ha contado también con la abstención de la coalición soberanista y Elkarrekin Araba, en el pleno de las Juntas Generales de Álava.
El Real Decreto Ley 675/2023 aumenta las horas de atención del SAD a las personas con dependencia reconocida y deja, a reconocimiento de las trabajadoras sociales de base, la prestación del servicio a las personas mayores sin valoración de grado de dependencia en el Territorio alavés.
Fuentes del gobierno foral aclaran que esta enmienda aprobada hoy se reitera en lo que ya estaba haciendo la Diputación, que es seguir prestando el servicio ofrecido hasta ahora a personas autónomas que estén en riesgo de dependencia o en situaciones de quiebra temporal o necesidad de dependencia sobrevenida.
Y recuerdan que el diputado Gorka Urtaran ya anunció en el Pleno de control del día 10 que el servicio se seguía manteniendo en los supuestos mencionados.
Los tres grupos de la oposición, EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba han denunciado "el agravio comparativo" que supone este cambio respecto a Vitoria-Gasteiz, donde se sigue prestando el SAD "tal y como estaba"; mientras que el PNV y PSE han garantizado la prestación del servicio a las personas autónomas, "previa valoración técnica".
RECORTES
La juntera de EH Bildu Claudia Venceslao ha acusado al Gobierno foral de "utilizar el Real Decreto que aumentaba la atención para los grados de dependencia, para quitar algo que se estaba atendiendo antes del decreto de cartera". "Se cargan de un plumazo la función preventiva del SAD para mayores de 65 años que son autónomas y no se detallan ni se explican qué casos son los que entran en estas situaciones de alta vulnerabilidad".
"Cuando hablamos de alta vulnerabilidad o de exclusión social ya no estamos hablando de prevención de la dependencia, estamos hablando de que estas personas necesitan ya un apoyo más intenso. Se trata de un recorte de derechos y un agravio comparativo con Vitoria-Gasteiz, donde si se ofrece el SAD básico a las personas mayores autónomas", ha añadido.
La juntera del PP Ana Morales ha denunciado que "la Diputación imponga un recorte claro" en el servicio, al "dejar de atender a las personas autónomas que tienen riesgo de dependencia o personas con cierta quiebra temporal de la autonomía o una dependencia sobrevenida".
"Son casos de personas que necesitaban un SAD de forma preventiva o también, por ejemplo, un proceso oncológico al final de la vida, que son momentos muy puntuales y que no duran mucho tiempo, pero que realmente necesitan", ha reivindicado.
El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha señalado que el nuevo Real Decreto 675 "pone límites importantes al servicio prestado hasta ahora a las personas autónomas". "Es un servicio esencial para alargar lo máximo posible la estancia de las personas mayores en su propio domicilio, retrasando el acceso a un centro residencial", ha expuesto.
"Es una función preventiva importante. Este servicio es muy importante para personas que están a la espera del reconocimiento de grado de dependencia", ha añadido.
"SE GARANTIZA EL SAD"
Por parte del Gobierno foral, la juntera del PNV Mamen Álvarez ha asegurado que "no se elimina la atención a las personas autónomas, ya que la atención a las personas que se encuentran en situación de riesgo de dependencia son atendidas igualmente, siempre que se haya determinado por el servicio especializado de valoración dicha contingencia".
"Pretende generar una alarma totalmente innecesaria, ya que se efectúa un análisis y diagnóstico por parte de los citados servicios sociales de base, reflejando en los correspondientes informes sociales la necesidad que trasciende lo considerado como derecho subjetivo y las motivaciones de la misma", ha argumentado.
Una argumento que ha secundado la procuradora del PSE Eva Jiménez, quien ha defendido que el nuevo Real Decreto "mejora" el servicio al "aumentar las horas de atención a las personas dependientes" y "garantiza la atención del SAD a las personas no dependientes o con grado cero que recibían el servicio".
"Las personas autónomas van a seguir recibiendo ese servicio. Las instrucciones emitidas a los servicios sociales de base no eliminan en ningún momento la atención a personas en situación de riesgo de dependencia. Eso sí, deben ser valoradas por el servicio competente para determinar la contingencia", ha explicado.
