Casi un año después de quedar aplazada por segunda vez, en esta ocasión por la huelga de los letrados judiciales, la vista pendiente entre la corporación alimentaria Aldanondo y la aseguradora Generali por el contencioso que ambas mantienen tras el incendio que arrasó la primera se ha celebrado esta semana en el Palacio de Justicia de Gasteiz. 

Según ha podido confirmar DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el Servicio común procesal de Ejecución ha escuchado por fin los argumentos de las partes y, en consecuencia, se ha puesto en marcha la cuenta atrás para que dictamine si Generali debe proceder a pagar las cantidades económicas que ya ha sido condenada a abonar a Aldanondo en dos instancias previas.

20,1 millones de euros

La última fue la Audiencia Provincial de Álava, que en abril de 2022 estableció en casi 20,1 millones de euros –más intereses– el valor real del daño indemnizable a la empresa a resultas del fuego desatado en la madrugada del 13 de agosto de 2018, cuyo carácter fortuito se consideró probado.

Aldanondo, que esta semana ha vuelto a defender la ejecución de esta sentencia que Generali ha seguido dilatando, en un principio le había reclamado más de 44. 

Según celebran fuentes de la quesería siniestrada, el hecho de que la vista en el Servicio común procesal de ejecución se haya celebrado por fin “ya es un paso” dentro de este larguísimo conflicto, independientemente del resultado final de la resolución.

Esta podría demorarse todavía durante alrededor de dos meses, atendiendo a los plazos en que se mueven otros procesos similares.

¿Reconstrucción?

A los más de 20 millones reclamados se sumarían otros nueve si Aldanondo procede a reconstruir sus instalaciones, un proyecto que la quesería guarda en un cajón desde 2019 a la espera de recuperar el dinero reclamado a su antigua aseguradora, o al menos una parte.

La fábrica volvería a levantarse en el mismo lugar donde se ubicaba hasta el fatal siniestro, en el polígono Litutxipi de Agurain, junto a la A-1. Aldanondo mantiene su idea de regresar a la actividad cuanto antes si el pronunciamiento judicial la sonríe. 

Incendio en la quesería Aldanondo. Jorge Muñoz

Pendientes del Tribunal Supremo 

La resolución definitiva del contencioso, con todo, está todavía en manos del Tribunal Supremo (TS), ante el que Generali interpuso recurso de casación tras la citada sentencia de la Audiencia de Álava. El alto tribunal aún no se ha pronunciado si quiera sobre la admisión de los recursos. 

Es la última instancia a la que la aseguradora puede recurrir para tratar de reducir o evitar el pago por la cobertura del seguro.

Sin embargo, la corporación defiende que la ley es “muy clara” y Generali deberá proceder al pago de la indemnización a la que fue condenada si así lo dictaminan los juzgados de Gasteiz, por mucho que el TS todavía esté pendiente de pronunciarse.

Dinero depositado

El dinero de la empresa de seguros se encuentra depositado desde hace meses en el Palacio de Justicia de la capital alavesa.

Generali ha defendido durante el proceso que el incendio fue intencionado pese a que el informe pericial de la Ertzaintza y las diligencias del juzgado acreditaron lo contrario.

La corporación Aldanondo ha seguido produciendo sus quesos durante todo este tiempo a muy pequeña escala en el Valle de Roncal para mantener sus marcas en el mercado, con la vista puesta en recuperar su plantilla de trabajadores y su cuota previa al siniestro.

Según sus cifras, esta ha caído alrededor del 90%, cuando hasta el accidente pasaba por ser la mayor empresa de la Denominación de Origen Idiazabal.

El fuego en la quesería Aldanondo se generó en la madrugada del 13 de agosto de 2018 por un cortocircuito en una máquina fregadora que estaba cargando baterías cuando nadie trabajaba, lo cual hizo que las llamas se propagaran rápidamente. La firma transformaba entonces 200.000 litros diarios de leche en queso y almacenaba dos millones de kilos de este producto. Tras ser pasto de las llamas, la corporación comenzó los trabajos de reconstrucción de su planta de Agurain para volver a la actividad lo más rápidamente posible, pero en marzo de 2019 tuvo que paralizarlos con el desmantelamiento de la planta casi finalizado y cuando se iba a proceder a adjudicar la obra tras la negativa a pagar de Generali.