El informe elaborado por el Defensor del Pueblo propone una veintena de recomendaciones, entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad. Aparte, propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial creado para la ocasión sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Entre las recomendaciones hay diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información de sus archivos.

Esa información servirá para completar el trabajo de la denominada Unidad de Atención a las Víctimas, foro también creado para abordar los trabajos del informe del Defensor del Pueblo. Esta ha recogido información relevante sobre 487 víctimas. De ellas, la inmensa mayoría (84%) se corresponde con un perfil masculino.

Las víctimas, según remachan desde la defensoría, recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de ellas señala haber tenido síntomas de estrés postraumático. Incluso, algunas de ellas, ha experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida, como es el caso de Alfonso Ruiz de Arcaute, documentado junto a estas líneas.

Desde el Defensor del Pueblo se explica que la atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas. Los testimonios recogidos de la escucha a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Pocas consecuencias

El trabajo reconoce que la mayoría de los victimarios conocidos son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

Reuniones con la Iglesia

El Defensor del Pueblo ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

El objetivo del informe ha sido el de describir la dimensión del fenómeno, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas, con el fin de que las recomendaciones emitidas sean útiles para la prevención y la reparación de las víctimas. Asimismo, se espera que los trabajos realizados y las conclusiones a las que los mismos han llegado contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes. – DNA