“Esto es un desastre”. La frase, verbalizada por un directivo pendiente de una importante vista aplazada desde marzo en los juzgados de Vitoria, resume bien la complicada situación que atraviesa la Administración de Justicia por las sucesivas huelgas a las que se ha enfrentado durante este año.
Los primeros en movilizarse fueron los letrados, que tras un parón indefinido de más de dos meses iniciado en enero alcanzaron un acuerdo con el gobierno central para mejorar sus condiciones laborales.
Tomaron el relevo a mediados de abril los funcionarios, que tienen ahora dos frentes de negociación abiertos en Madrid y la CAV y han secundado esta misma semana sus últimas tres huelgas de 24 horas.
Los cerca de 350 trabajadores alaveses de este colectivo, el más numeroso del sector –incluye a tramitadores, gestores o médicos forenses–, están llamados a iniciar a partir de mañana lunes un paro de carácter ya indefinido.
Los Jueces y los fiscales pusieron hace pocas semanas sobre la mesa la misma medida de presión, una huelga indefinida que iba a comenzar también mañana, pero seis de sus siete asociaciones profesionales han sellado finalmente la paz con el ejecutivo de Pedro Sánchez para desconvocar el paro, a cambio de una subida salarial cercana a los 450 euros mensuales y otras mejoras en sus condiciones de trabajo.
El alivio que ha supuesto este acuerdo no ha durado mucho, pues el último colectivo que quedaba por movilizarse en la Administración de Justicia, su personal laboral –integrado por psicólogos, trabajadores sociales, peritos judiciales, traductores, archiveros o personal de mantenimiento, entre otros–, irá también a la huelga general a partir de este próximo miércoles 24 para exigir que se “dignifique” su trabajo.
La convocatoria, por ahora, se extenderá durante varias jornadas alternas: los días 24 y 30 de este mayo, así como el 1, el 6, el 7 y el 8 de junio.
Tanto abogados como procuradores también han secundado distintas protestas en los últimos meses.
Incontables aplazamientos
La concatenación de paros en la Administración de Justicia se ha traducido ya en el aplazamiento de incontables juicios, vistas, comparecencias y escritos en Álava, una realidad que está convirtiendo 2023 en el ejercicio más convulso de la historia reciente en este ámbito.
Los juzgados se enfrentan a un atasco sin precedentes y eso que todavía no se ha consumido ni la mitad del año.
Según los datos recopilados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), solo durante su huelga indefinida de dos meses se suspendieron en la provincia 1.800 juicios, a los que se sumaron 1.750 comparecencias no realizadas y casi 3.000 citas sin atender en los registros civiles de Gasteiz y Amurrio.
Del mismo modo, ascendieron a cerca de 4.400 las demandas y denuncias pendientes en el territorio hasta los últimos días de marzo, a las que se sumaron 5.656 escritos.
Tras las movilizaciones iniciadas después por el colectivo de funcionarios, primero en forma de protestas parciales y después de huelga general de varios días –los paros han tenido lugar este mayo, concretamente los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18–, las cifras se quedan evidentemente cortas.
Fuentes del Departamento vasco de Justicia matizan, sin embargo, que es prácticamente imposible de cuantificar el número exacto de procesos paralizados en el territorio como consecuencia directa de las diferentes huelgas, ya que en muchos casos los aplazamientos pueden deberse a otras circunstancias como las incomparecencias o las bajas laborales, solo por citar dos ejemplos.
Con todo, el comité de huelga de los funcionarios de Justicia elevó este jueves a más de 500.0000 los juicios suspendidos y aplazados en el conjunto del Estado durante el primer mes de paros de este colectivo.
Las actuaciones judiciales paralizadas ascenderían a más de 30 millones.
Seguimiento desigual
De vuelta a la realidad local, las jornadas de huelga de esta pasada semana han tenido un seguimiento desigual en Álava, aunque no por ello menos importante.
Según los datos facilitados por Lakua a este diario, 150 de los 325 profesionales que tenían que fichar no acudieron a trabajar por ejemplo este pasado miércoles, lo que supone el 46,1% de la plantilla.
Los mismos medios confían en que el conflicto, que tiene esa doble vertiente estatal y vasca, pueda encauzarse en los próximos días. “Es difícil negociar sin saber lo que va a pasar finalmente en Madrid, pero las cosas van encaminadas. Se ha avanzado hacia un posible acuerdo”, deslizan desde el área de Justicia.
¿Será suficiente para que los sindicatos desconvoquen la huelga indefinida prevista a partir de mañana? Solo el tiempo lo dirá.
“Es difícil negociar sin saber lo que va a pasar finalmente en Madrid, pero las cosas van encaminadas"
Los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT reclaman al Ministerio español de Justicia incrementos salariales de entre 350 y 430 euros mensuales en función del colectivo.
En la CAV, las centrales ELA y LAB exigen al Gobierno Vasco una equiparación retributiva en materia de jubilaciones con el resto de funcionarios de la Administración vasca, así como un complemento para el personal adscrito a los juzgados de violencia de género.
