El primer revés judicial al Ayuntamiento de Gasteiz por su litigio con los dueños de los terrenos de Uleta debería servir como “llamada de atención” a la institución municipal por el largo recorrido que aún le aguarda a este caso en los tribunales y lo “perjudicial” que puede terminar siendo “para sus propios intereses”, incluso en forma de millonarias indemnizaciones.

Así lo advierte uno de los representantes legales de los promotores de los 294 chalés unifamiliares, Juan Ramón Fernández Torres, que en este escenario emplaza al Consistorio a buscar una salida negociada al conflicto y que sea “buena para todos”.

“La situación en la que estamos invitaría a que el equipo que se constituya después de las elecciones piense un poco seriamente qué es lo que quiere hacer en los próximos cuatro años. Es un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva, sentarnos y ver cómo encontramos una solución”, enfatiza el abogado y catedrático en Derecho Administrativo en conversación con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.

Fernández Torres, que tiene su despacho en Madrid, cree que la sentencia del Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria contra la paralización del proyecto de reparcelación del sector 17 ha demostrado que “la posición de los propietarios es mucho menos endeble de lo que decía el Ayuntamiento”. Y “ha desmontado”, además, uno de los principales argumentos a los que el Consistorio “se ha aferrado” durante el proceso: que los primeros “dejaron pasar la ocasión de llevar a cabo la urbanización a la que tenían derecho” en los terrenos.

Primero, porque el Consistorio “incumplió sus obligaciones” y eso derivó en “dificultades insuperables para los propietarios”. Segundo, porque fue la crisis económica de la pasada década la que, según defiende el abogado, impidió también a los constructores avanzar sobre el terreno.

“Los propietarios no hicieron nada no porque no quisieran, sino porque nadie podía hacer nada. Se venían abajo bancos, empresas inmobiliarias... El trastorno lo sufrieron todos, y por eso no se puede imputar solo sobre ellos esa inacción que reprocha el Ayuntamiento”, contextualiza.

Según resume Fernández Torres, esta primera sentencia “demuestra que el Ayuntamiento no obró bien, no actuó tampoco de buena fe con los propietarios, les puso dificultades deliberadamente y les impidió llevar a cabo las obras de urbanización”.

El representante legal remarca que “existen razones de peso que avalan la posición” de los dueños de los terrenos en este proceso, que acumula ya otros cinco recursos más por dirimirse en los juzgados. El primero presenta “una relación estrecha” con el que acaba de resolverse, está encabezado igualmente por el abogado vitoriano Eduardo Bárbara y tiene, según Fernández Torres, visos de resolverse “en breve” y “previsiblemente de la misma manera”.

Otras tres demandas están relacionadas con la paralización de los trabajos de urbanización por parte del Ayuntamiento y la última, interpuesta también por el catedrático y abogado esta misma semana, con la aprobación provisional del Plan General (PGOU) de la ciudad, que lleva aparejada la suspensión cautelar durante dos años más de la concesión de nuevas licencias para construir en zonas no urbanizadas.

“El Ayuntamiento tiene que pensar en volver a dialogar y negociar con los propietarios para ver cómo se busca una solución consensuada. Existen razones para que el tenga que replantearse algunas cosas, a la vista de esta primera sentencia y de los otros pronunciamientos que están por venir. Está a tiempo de rectificar”, avisa el representante legal.