El diputado general de Álava, Ramiro González, ha expresado su "absoluta convicción" de que en el caso de la contratación de la hija de Ana del Val, diputada foral de Cultura, "no se ha producido ninguna actuación contraria al código de ética".

La semana pasado se conoció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado las sucesivas contrataciones como funcionaria interina en el puesto de economista de los bomberos forales de Álava de la hija de Ana del Val, diputada foral de Cultura por el PSE.

En la rueda de prensa tras el consejo foral, el diputado general, del PNV, ha señalado que confía en la actuación ética de todo su gabinete, y expresamente sobre este caso ha subrayado que tiene la "absoluta convicción" de que así ha sido.

El diputado general ha trasladado el asunto a la comisión de ética pública de la Diputación -un organismo de control-, para que lo analice.

Además, el gabinete foral dará explicaciones sobre este caso "con absoluta transparencia ante las Juntas Generales, como hace siempre".

González no ha precisado quién comparecerá ni cuándo, ya que eso depende de las Juntas. Los partidos de la oposición en las Juntas han pedido explicaciones a la teniente de diputado general, Cristina González, ya que consideran que la contratación dependía de su departamento.

Al quedar solo unas semanas para disolver las Juntas por la convocatoria de elecciones forales el 28 de mayo -el último pleno de Juntas está previsto para el día 29 de este mes- no se sabe si dará tiempo a las comparecencias sobre este caso, pero fijarlas es una decisión de las Juntas, no de la Diputación.

La hija de Ana del Val fue contratada tras una OPE por primera vez en julio del 2018 y desde entonces ha encadenado contratos en el mismo puesto.

Una de las personas que aspiraba a ese cargo -la octava de la lista de la bolsa de trabajo, cuando la hija de Del Val era la décima- denunció la contratación por vía judicial, y el Tribunal Superior le dio la razón, anuló los sucesivos nombramientos de la hija de Del Val y reconoció al demandante el derecho a ser llamado para ocupar el puesto.