El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la Diputación Foral de Álava después de que esta negase información al grupo del PP en las Juntas Generales sobre la implantación del Ticket Bai, sistema de facturación y control fiscal.
El caso surgió cuando en junio de 2022 la juntera del PP Ana Morales solicitó a la diputada foral alavesa de Hacienda, Itziar Gonzalo, información sobre la implantación del Ticket Bai. La Diputación la negó argumentado que los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y, por consiguiente, eran de carácter reservado.
La procuradora del PP pidió el número de entidades, sociedades públicas u organismos que tenían la obligación de implantar el nuevo de sistema de facturación, así como cuántos lo habían implantado ya, de manera que, según estipula la sentencia, "en ningún momento se exigía que se identificase cuáles eran esas entidades, ni ningún dato que permitiera llegar a conocer esa circunstancia".
Por ello, considera que se vulneró un derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución, el de participación política. La sentencia ha declarado nula la resolución de la Diputación que negaba los datos y ha obligado a la institución foral a sufragar los costes del procedimiento. El fallo puede ser recurrido ante el Supremo.
Tras conocer esta sentencia, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha subrayado que este "no es un caso aislado". "El PNV nos tiene acostumbrados a actitudes poco democráticas y por ello decidimos llevarlo a los tribunales, que nos han dado la razón", ha dicho.
El portavoz del PP alavés ha denunciado la "constante denegación de información" y la ha encuadrado en una "intención manifiesta del PNV de obstaculizar la labor de la oposición para actuar sin control en la administración alavesa".
Respuesta de la Diputación
Desde la Diputación Foral de Álava han señalado que "el Departamento de Hacienda ha entendido que la solicitud de información vulneraba las limitaciones que tenemos en la norma para la privacidad en la información, pero los tribunales han estimado que no vulnera".
A la vista de la resolución, la Hacienda alavesa "va poner en marcha los mecanismos para intentar dar respuesta, recabar la información y facilitarla al grupo juntero que la ha solicitado, requiriendo los datos que no obren en poder de la Hacienda".
