El "enrevesado" caso de la acusación de abusos en la perrera

La asociación protectora de animales Apasos ha acusado este viernes al Ayuntamiento de Vitoria de llevar a cabo una "venganza" tras las denuncias por abusos sexuales presentadas por la asociación, que ha derivado en la prohibición de entrada a la entidad a una de las zonas de la perrera municipal, con la que tienen un convenio "firmado y en vigor", ha declarado Nuria Pérez-Cárcamo, presidenta de la asociación.

"Queremos continuar haciendo el trabajo que Apasos ha realizado durante los últimos 17 años, en cumplimiento del convenio en vigor", ha indicado Pérez-Cárcamo como "única demanda" de la asociación, y, a su vez, señala que el Consistorio "ha puesto en marcha una vendetta" para "acobardar" a las integrantes de la entidad.

Tanto la presidenta como la abogada de la asociación, María Eugenia Suárez-Alba, han reiterado que la prohibición de la entrada "impide dar a los animales la atención que precisan, e impiden los procesos de acogida o adopción", además de generar "situaciones de sufrimiento en los animales".

Denuncia por amenazas y calumnias

Asimismo, han querido manifestar su desacuerdo con la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante Pérez Cárcamo por amenazas y calumnias, que han calificado de "falsas". La acusación nace tras el envío de un correo eléctronico privado por parte de la presidenta de la asociación al Consistorio en relación al "bienestar de los animales" de la perrera, según han informado.

En relación a estas acusaciones, el alcalde, Gorka Urtaran, también ha calificado de "falso" el maltrato animal que denuncia la asociación, y ha reiterado que el Ayuntamiento apoya en todo momento a las víctimas de los abusos. Además, ha añadido que, desde su punto de vista, la situación actual de la perrera "se está enrevesando mucho"

Por su parte, Pérez-Carcamo ha considerado que se trata de una denuncia con "ánimo disuasorio" para "desviar la atención por la investigación del concejal Iñaki Gurtubai por prevaricación", que declarará el próximo 9 de junio, lo cual han calificado de "gravísimo".

Limitación "al extremo" del contacto

Entre las "consecuencias" enumeradas por Pérez-Cárcamo tras la denuncia de 7 trabajadoras por abusos sexuales al trabajador de la perrera municipal, ha destacado la limitación "al extremo" del contacto del Ayuntamiento con Apasos, y su consecuente prohibición de entrada a la plataforma primera, donde se encuentran los animales recién recogidos y enfermos, según ha explicado.

"No dejan sacar en acogida animales sanos y, desde hace unas semanas, tampoco enfermos", ha añadido Pérez-Cárcamo, que ha reafirmado la postura de la asociación. "Esta situación y muchas otras se solucionarían simplemente si nos dejaran trabajar", ha manifestado, además de incidir en que no se trata de una "cuestión de dinero ni personal adicional".

Omisión del deber de impedir delitos

Durante la comparecencia han recordado que la asociación que actualmente está al cargo de la perrera de Armentia, Betilagun, cuenta con dos exdirigentes de Apasos, los cuales están denunciados por "omisión del deber de impedir delitos" en relación a los abusos sexuales.

Del mismo modo, también cuentan con denuncias 3 funcionarios con responsabilidades del Ayuntamiento, que eran superiores del presunto agresor por razones similares. "A pesar de conocer perfectamente el asunto, no nos auxiliaron", añade Pérez-Cárcamo.

El presunto agresor, por su parte, se encuentra actualmente en prisión preventiva acusado de agresión sexual a una trabajadora de la asociación, además de abuso de poder y trato vejatorio.