Siete voluntarias de la perrera municipal de Vitoria presentaron en julio del año pasado denuncias por acoso laboral y sexual. Según su relato, habrían sufrido abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores municipales del centro de protección de animales. En la denuncia afirmaban que uno de los empleados habría cometido diferentes abusos sexuales y laborales hacia ellas desde el verano de 2018, incluidos tocamientos o besos indeseados.

El Ayuntamiento abrió diligencias y derivó a dicho trabajador a otro departamento, como medida de prevención. También citó a declarar hasta tres veces a las personas denunciantes, pero no acudieron. Y trasladó el expediente a la Fiscalía para que continuase la investigación.

El pasado 16 de febrero en sede municipal se vivieron momentos tensos cuando voluntarias de la asociación Apasos, que colabora en el mantenimiento del centro de Armentia, acusaron al gabinete Urtaran de "castigarles" en la perrera después de denunciar los hechos. Ocurrió en la comisión de Salud y, como consecuencia, se suspendió una reunión prevista entre ambas partes.

Ayer, recogiendo el testimonio de las denunciantes, EH Bildu acusó al gabinete Urtaran de "revanchismo" hacia las representantes de Apasos que acudieron a la Casa Consistorial por una situación de agresiones sexuales que vivieron en la perrera.

La concejala del área, Livia López, negó tal acusación y aseguró que la reunión se canceló al considerar que "por prudencia, no procedía, ya que se trató de evitar un encuentro entre denunciantes y denunciados para evitar un conflicto y el perjuicio que se genera en una situación tan complicada para ambas partes", explicó.

"No vamos a entrar a juzgar las denuncias porque el caso va por vía judicial, pero como Ayuntamiento tenemos que adoptar medidas para mejorar la gestión del centro de protección animal y una de ellas ha sido proponer la figura de un mediador profesional entre el colectivo Apasos y el Ayuntamiento", avanzó López.