Las tres asociaciones de hostelería de Euskadi, SEA Hostelería, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa Hostelería, mostraron ayer su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) nada más conocer que había aceptado cautelarmente la petición de reabrir los bares de los municipios que se encontraban en zona roja. "Se hace justicia", resumió Héctor Sánchez, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, para quien también era "una pena" que se hayan tenido que "judicializar" estas restricciones, tras no haberse podido resolver este asunto mediante el "consenso".

Y aunque es una "buena noticia" la reapertura de bares, puesto que es posible que convivan salud y hostelería, "al igual que están haciendo salud y economía", Sánchez también advirtió de que ahora "está en manos de los empresarios del sector actuar con responsabilidad", por lo que deberán seguir garantizando las medidas anticovid en sus locales.

Estas declaraciones se hicieron en el Parlamento Vasco, donde los tres representantes del sector comparecieron en la comisión de Comercio para insistir en la necesidad de un rescate al sector, cifrado en 231 millones de euros, para salvar esta "crisis histórica", que ha hecho perder más de 7.000 empleos en 2020.

Así lo reclamó, por ejemplo, Luis Cebrián, representante de SEA Hostelería, quien destacó que el "único objetivo" de quienes se dedican a esta actividad es la de "sobrevivir", por lo que incidió en la "imperiosa necesidad" de un nuevo plan de ayudas que garantice "el empleo y la sostenibilidad económica", dado que las subvenciones aprobadas hasta ahora han sido "insuficientes".

Pese a ello, Cebrián ensalzó la "positiva interlocución interinstitucional" llevada a cabo por los representantes de Comercio del Gobierno Vasco "que ha permitido sacar adelante las primeras líneas de ayudas".

Por su parte, Kino Martínez, secretario general de Hostelería Gipuzkoa, declaró que en el último año se han perdido a más de 7.000 trabajadores, puesto que si a diciembre de 2019 había 68.088 empleados en el sector, a diciembre de 2020 había 61.007.

Por eso asociaciones como las que representan apuestan por un plan de rescate cuyo objetivo es "diluir el impacto de la crisis en el conjunto de la cadena de valor del sector" de acuerdo a unos "criterios fundamentales", como que este plan sea integral "para que tenga en cuenta conceptos como alquileres, condiciones de financiación a cero o revisión de tasas municipales", transversal, "para que cuente el apoyo de todos ustedes (en clara alusión a los políticos)", con ayudas directas y "dotado de medios".

Martínez puso el ejemplo de las ayudas a fondo perdido de Alemania y Francia o los 25.000 euros que han recibido otras comunidades autónomas, como Navarra, mientras que en Euskadi, un local con 10 trabajadores, "como máximo ha aspirado a 6.500 euros".