"La falta de transparencia es un problema porque hay vínculos entre médicos y laboratorios farmacéuticos"

Desde la organización sin ánimo de lucro Civio, ustedes intentan promover la transparencia en los precios de fármacos y el libre acceso a la información pública de gobiernos y empresas. ¿Por qué?

-Porque somos una organización sin ánimo de lucro que lucha por lograr una mejor democracia. Lo hacemos gracias al periodismo de investigación, no competimos con los medios de comunicación tradicionales, lo que hacemos son investigaciones más complejas y largas. Entre estas investigaciones hemos hecho varias sobre precios de medicamentos en España, por ejemplo, en el tratamiento contra la hepatitis C, el precio sobre nuevos tratamientos Car-t o la opacidad que hay en la actualidad. Luchamos por conocer cuál es la regulación de los conflictos de intereses en el ámbito de la medicina en España. En otros países como EEUU, Bélgica o Francia es un tema que está regulado por la legislación pública, incluso hay bases de datos y buscadores donde se puede saber si un personal sanitario, un hospital o una universidad ha recibido financiación del sector privado y por lo tanto se puede vigilar si hay un riesgo de sesgo pero esto no ocurre en España, no hay una regulación por parte de la administración pública en esta situación.

Si esto no está regulado por la administración pública, entonces, ¿quién lo regula?

-La publicación de los pagos de cada empresa farmacéutica a los médicos, hospitales, administraciones públicas y asociaciones científicas está autorregulada por la propia industria farmacéutica.

Es decir, ¿un laboratorio acaba pagando a un médico y ese médico nos receta medicamentos de ese laboratorio?, ¿se puede saber cuándo un médico está recibiendo dinero de laboratorios o farmacéuticas?

-En los conflictos de intereses hay mucha falta de transparencia porque lo que se publica actualmente de los pagos, de los laboratorios farmacéuticos, a los profesionales sanitarios o a las asociaciones sanitarias o científicas, está autorregulado por la propia industria, no regulado por la administración pública, pese a que eso afecta a la propia administración y, además, lo que sí se publica no es fácil entender en qué contexto se producen estos vínculos. Por lo que no se puede saber exactamente eso.

¿Por qué es difícil de entender?

-Porque, por ejemplo, cada laboratorio publica sus propios pagos, normalmente son miles y miles de páginas, con lo cual es muy difícil saber y entender en qué contexto se producen estas relaciones. Otras veces también resulta difícil acceder a los propios datos porque están protegidos con contraseñas y al final no acabamos de saber en qué contexto se producen esas relaciones. Es decir, no sabemos si el pago que recibe un médico era por un congreso científico o es sobre una charla promocional sobre un determinado tratamiento. Aquí hay una falta de transparencia y puede afectar porque si esto no está regulado puede haber riesgo de sesgos y puede afectar a la práctica de la medicina con la prescripción de medicamentos o incluso con opiniones sesgadas. Creemos que es un ámbito donde falta transparencia.

Desde Civio luchan por romper esa falta de transparencia pero también la que se sufre en el propio precio de los medicamento. ¿Por qué ese silencio?

-Efectivamente, también hay falta de transparencia en el precio de medicamentos. No me refiero a los medicamentos que compramos en las farmacias, porque todos sabemos qué precio pagamos por el ibuprofeno, por ejemplo, sino en los medicamentos que se compran a nivel hospitalario. Por ejemplo, los medicamentos de las últimas terapias contra el cáncer, como las terapias Car-t, son terapias muy innovadoras pero también son tratamientos muy caros. Cuando vamos a buscar qué precio están pagando las administraciones públicas por esas terapias, en muchos casos no viene puesto ni detallado en el contrato público y no se explica cuanto están pagando los hospitales por ese tratamiento. La compra de medicamentos no tiene una normativa específica, se rige por las mismas reglas que el resto de contratos públicos que hacen las administraciones. Sin embargo, en el ámbito de la salud hay bastante opacidad sobre los precios que está pagando.

¿Hay algún acuerdo para que lo tengan que ocultar?

-En muchos casos sí hay acuerdos de confidencialidad con los laboratorios farmacéuticos. Entendemos que es una anomalía muy grande. Es verdad que la industria farmacéutica alega intereses económicos y comerciales para que no se desglosen esos precios, sin embargo, hay que recordar que son los precios que pagamos todos, que paga la administración pública por los medicamentos y que si todas las empresas que tienen contratos públicos con la administración alegaran intereses económicos y comerciales para que no se conociera el precio que se abona por los productos que se compran, en realidad no podríamos saber en qué gasta la administración pública el dinero de todos. Esto es una anomalía muy grande que hay en la contratación pública en el ámbito de la salud en relación a otros sectores.

No obstante, desde Civio ustedes llevan años publicando precios de medicamentos, como recientemente hicieron con Sovaldi. ¿Cómo lo consiguen?

-En el caso de Sovaldi lo que hicimos fue buscar contratos públicos en toda España para saber si alguna administración la había publicado por descuido o porque querían publicarlo y no tenían ningún problema de confidencialidad y demás. Aquí se supo que cada pastilla de Sovaldi cuesta 280 euros.

También lograron saber cuánto se pagaba por cada tratamiento innovador Car-t.

-Aquí volvimos a hacer lo mismo. Buscamos contratos públicos por toda España y en el caso del Gobierno Vasco vimos que había un contrato para adquirir los dos tratamientos que hay ahora mismo disponibles en España de este tipo y que no venía el precio. Era un ejemplo claro de opacidad porque el Gobierno Vasco había borrado básicamente el precio unitario que se pagaba por cada tratamiento de esa terapia Car-t. Así que nosotros continuamos buscando por toda España, hospitales y demás, y al final encontramos varios contratos públicos que venían el mismo precio y eso nos permitió asumir y publicar qué precio estaban pagando las administraciones públicas por este tratamiento.

¿Y qué precio tienen?

-Una de las dos terapias Car-t se llama Kymriah y es de Novartis. Sirve para el tratamiento de niños y jóvenes con leucemia y para gente adulta que tenga otro tipo de cáncer en la sangre que se llama linfoma. Y en este caso las administraciones están pagando 307.200 euros por cada tratamiento. Este tratamiento es uno de los dos tratamientos Car-t aprobadas en España. La segunda terapia aprobada se llama Yescarta y en este caso se abonan 313.920 euros por cada terapia individualizada.

Y teniendo ese precio tan alto, ¿por qué lo esconden? ¿Lo hacen para no verse forzados a tener que negociar con otras empresas tal vez más innovadoras o más baratas?

-Porque hay mucha falta de transparencia y creemos que esto sí que puede ser un problema porque hay vínculos económicos muy altos entre laboratorios y médicos. En 2018 publicamos los pagos que las empresas farmacéuticas habían realizado y descubrimos que 18 médicos de habían recibido más de 50.000 euros cada uno de una sola empresa farmacéutica durante 2017.