Vitoria - Representantes de los pueblos afectados por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, de las asociaciones de desarrollo rural, como la alavesa de Añana, y de las de Merindades y Bureba de Burgos, así como colectivos y hasta la consejera de Hacienda de la Junta de Castillla y León, se reunieron ayer en una jornada de análisis en el salón de actos del Ayuntamiento de Valle de Tobalina para tratar de avanzar en las soluciones para que la zona de influencia de Garoña, que afecta a Lantarón y Valdegovía, entre otros pueblos alaveses, cuente con los medios necesarios para dinamizar social y económicamente estas poblaciones.

La alcaldesa de Valle de Tobalina y presidenta de la asociación de municipios en áreas de centrales nucleares, Raquel González Gómez, ejerció de anfitriona dando voz a los 14 municipios que se encuentran en un radio de diez kilómetros de la central nuclear cerrada para explicar en qué estado se encuentran esos pueblos que hasta hace muy poco tiempo vivían en un estado de bonanza económica gracias a los empleos y a la actividad económica que generaba la actividad de la planta nuclear.

El problema -explicó la alcaldesa- es que “Garoña se había convertido en el motor económico de la zona, generando empleo directo e indirecto, lo que ha supuesto una gran dependencia de la central”. Sin embargo, a raíz del cierre, “nos temimos el efecto Zorita”, es decir, que los pueblos cayeran en un abandono y se quedaran con menos servicios e infraestructuras costosas de mantener.

Por esa razón, desde el principio se iniciaron los contactos con la Diputación de Burgos que, a través de su empresa pública Sodetur, y junto con las asociaciones de desarrollo rural de Añana, Merindades y Bureba sacó adelante un convenio para la elaboración de propuestas para tratar de reducir el impacto del cierre de Garoña en la población.

Según confirmó la alcaldesa de Valle de Tobalina, ya se ha concluido un primer documento, que no se repartió entre los asistentes a la reunión de ayer, que contempla las medidas que se pueden llevar a cabo en la zona. Acciones referidas a infraestructuras, empleo, formación, fomento de la iniciativa privada y desarrollo turístico, entre otras áreas. Este texto se entregará a las instituciones públicas para recabar su apoyo financiero.

Este documento que tiene el visto bueno de la Junta castellana desde noviembre del año pasado, aprobado a iniciativa de la consejería de Economía y Hacienda, define las principales líneas de colaboración, que se estructuran en tres ejes. El primero, de carácter transversal, prevé medidas de estímulo a la iniciativa privada, como la realización de jornadas de sensibilización en materia de emprendimiento y de difusión de los apoyos públicos existentes, y la priorización en las líneas de subvenciones para los proyectos desarrollados en esta zona, mediante el incremento de la intensidad de la ayuda y otorgando una puntuación mayor a la ubicación en los criterios de valoración.

Otra medida importante es el impulso de los polígonos industriales ubicados en los municipios de los alrededores de la central nuclear sobre los que exista demanda de suelo, al tiempo que se considera conveniente aprovechar el efecto tractor del parque empresarial de Ircio, de titularidad autonómica, que ofrece atractivas condiciones para la implantación de compañías en el marco del programa territorial de Fomento para Miranda de Ebro.

El segundo eje de acción va enfocado hacia los sectores económicos que presentan un mayor potencial de desarrollo en la zona, con la puesta en valor de enclaves patrimoniales, el impulso a la oferta de alojamientos para vacaciones y el fomento de nuevas actividades económicas ligadas al sector turístico. En el ámbito de la energía, la Junta propone favorecer la demanda de biomasa en la zona, particularmente por dos vías, el diagnóstico de la situación actual del suministro de energía térmica en edificios públicos y privados en los municipios del entorno de la central nuclear, para determinar las posibilidades de cambio de combustibles fósiles a biomasa, y el análisis de viabilidad de una planta de generación eléctrica con esta fuente renovable.

Para finalizar, el tercer y último bloque del acuerdo incluye medidas para construir un entorno más atractivo para la inversión productiva y la creación de empleo. Se trata, entre otras actuaciones, de avanzar hacia la brecha digital cero; mejorar la red de carreteras y favorecer el desarrollo de las dotaciones comerciales de proximidad, de manera que se facilite no sólo el abastecimiento de productos cotidianos al medio rural sino también el aprovechamiento de nuevos nichos de negocio.

De momento, González ya ha mantenido encuentros con la Junta de Castilla y León, con las diputaciones de Burgos y Álava, con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y con el secretario de Estado para la Energía. Estos encuentros se repetirán en las próximas semanas, ya que la alcaldesa les entregará el documento con las necesidades que tienen los pueblos afectados por el cierre de Garoña.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que también estuvo en este encuentro de Valle de Tobalina, afirmó que ya ha reclamado a los gobiernos central y vasco que definan su implicación económica para que a lo largo de este año se hagan inversiones que generen actividad y empleo, y fijen población en la comarca afectada.

Una estrategia que, tal y como apuntó Del Olmo, no está cerrada, ya que falta la implicación del Gobierno central, que fue quien acordó el cierre de la planta, así como de las instituciones vascas, ya que de los doce municipios del entorno de Garoña hay dos alaveses: Lantarón y Valdegovía.

Con todo, la consejera insistió en que la aportación más cuantiosa debe ser la del Gobierno de Madrid, a quien pide que “se ponga las pilas”, adelantando que la Junta sí actuará. La consejera insistió en que el documento se debe remitir inmediatamente al ministerio de Industria que dirige la vallisoletana Reyes Maroto, “para que asuma su responsabilidad”, como así se lo pidieron las Cortes de Castilla y León en septiembre de 2017. Desde esa fecha, ni el anterior gobierno del PP ni el actual, del PSOE “han hecho nada”, reconoció la consejera. Por ahora, sólo están comprometidos los fondos acordados por la Junta procedentes del impuesto sobre el depósito temporal de residuos radiactivos, con el que se esperan recaudar este año 15 millones de euros, según detalló.

Con este impuesto, que grava el almacenaje de residuos en la central de Garoña, se han recaudado en apenas un mes, el de diciembre, 1,6 millones de euros. Y es que, pese a que el impuesto se aprobó en junio de 2018, no entró en vigor hasta noviembre. Su finalidad: sancionar el daño medioambiental por el almacenaje de los residuos de las centrales nucleares. La recaudación se destinará específicamente a financiar inversiones en la zona de influencia de Garoña, una comarca “castigada” tras el cierre de la central, que ha sufrido pérdidas económicas en los últimos meses.