VITORIA - El desbloqueo final del enquistado problema para urbanizar y edificar en el solar de la calle los Aramburu, junto al centro cívico Judimendi, requerirá de una modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo concretó ayer la responsable municipal de Urbanismo, Itziar Gonzalo, al aludir al “cambio en las decisiones” de los propietarios, que obliga al Ayuntamiento a decantarse por la vía de esa modificación estructural del Plan General, frente a la idea inicial de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en la zona.

tramitación de 18 meses La edil jeltzale respondió a las cuestiones planteadas desde el PP y EH Bildu, que quisieron conocer los planes del gabinete Urtaran para esta parcela. El solar es la única zona sin urbanizar dentro del barrio de Judimendi y ese cambio en el documento magistral de la expansión de la ciudad va a suponer un nuevo retraso a los proyectos diseñados para ese espacio. “La tramitación de una modificación estructural requiere un tiempo de 18 meses”, concretó Gonzalo en una respuesta posterior. Mayor fue el plazo indicado por el popular Miguel Garnica, al señalar un periodo de “tres años” que puede suponer toda la operación hasta urbanizar e integrar el solar.

La nueva vía legal que se abre para terminar con esta situación tiene una afección directa sobre uno de los equipamientos añorados por los residentes en Judimendi. “Hasta no tener el edificio de viviendas construido no estará en marcha el centro sociocultural de mayores”, avanzó la responsable de Urbanismo. Los planes municipales pasan por ubicar junto al actual centro cívico, en una porción de ese solar, el nuevo punto de encuentro y reunión para los jubilados del barrio. Tendrán que esperar sus usuarios a que la zona esté urbanizada y totalmente rematado el bloque de viviendas que eliminará esa campa entre la calle los Aramburu y el parque de Judimendi. Mientras tanto deberán seguir acudiendo al obsoleto local de la calle Cola y Goiti y que se ha quedado pequeño y viejo, según las repetidas reclamaciones del colectivo vecinal de Judimendi.

Aludió también Gonzalo al “acuerdo en torno a la solución” que ya tiene concretado el Ayuntamiento, aunque no quiso ofrecer más pistas la responsable de Urbanismo. Aludió en varias ocasiones al “cambio en las decisiones de los propietarios” cómo los motivos que llevan a adentrarse por este nuevo camino. Los proyectos abordados para esta parcela aludían a la construcción de un edificio de 27 viviendas y ocho casas unifamiliares. La propuesta del Ayuntamiento a los propietarios del solar pasaba por “reducir el número de unifamiliares para llevarlos a un bloque comunitario, pero finalmente no ha sido así”, admitió la edil jeltzale en su discurso. Todo lo referido a este solar es una cuestión que se arrastra a lo largo de toda esta legislatura y sobre la que no se han producido avances desde el año 2015. “La realidad es que no hay nada de esta cuestión”, reprochó con dureza en su segunda intervención el edil de EH Bildu, Félix González.

Con respecto a la modificación estructural del PGOU que hay que acometer, apuntó Gonzalo haber dado ya los primeros pasos con la presentación al departamento de Urbanismo del texto modificado y que cuenta ya con el visto bueno de los técnicos correspondientes.

apartamentos turísticos En la misma sesión de la comisión de Urbanismo de ayer, aludió también a la búsqueda de “seguridad jurídica” para acometer la regulación de los apartamentos turísticos en Gasteiz, por lo que prevé que la tramitación de esta ordenanza dure 18 meses. A preguntas de Irabazi, recordó que las normas que han aprobado ciudades como Bilbao y Donostia han sido recurridas por algunos aspectos, que los técnicos “ven posible incorporar” de manera adecuada a la futura regulación de Vitoria, por lo que cree necesario “esperar a ver cómo se resuelven estos asuntos”. Para ello, el Consistorio debe hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que autorice este uso de las viviendas, ya que el actual no lo contempla.

El edil de Irabazi, Óscar Fernández, criticó la “falta de información” de ese proceso y la situación “alegal” de los 61 pisos que mantienen su actividad “sin que esté regulada”. Gonzalo rebatió esa cuestión al aludir a los “pasos dados” por el Ayuntamiento para preparar la tramitación y la posibilidad de poder iniciarse en breve, aunque reiteró su apelación a la necesidad de “contar con esa seguridad jurídica para evitar recursos” que pudieran llegar para tratar de impedir el normal desarrollo de la legislación y su posterior aplicación en la actividad.