Vitoria. Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización correspondiente a 2016 elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre la Diputación alavesa, los organismos autónomos Instituto Foral de Bienestar Social e Instituto de Juventud y sus nueve sociedades públicas.
El TSJPV tiene en general una opinión "favorable" sobre las cuentas anuales de estas entidades, valora su situación financiera y considera que se ha cumplido "razonablemente" con la normativa legal.
Señala sin embargo que el Gobierno foral aprobó gastos por valor de 557.792, aunque estos desembolsos contaban con el informe negativo de la Intervención. La mayor parte de este dinero (457.048 euros) fueron gastos de la propia Diputación y 100.744 euros del Instituto Foral de Bienestar Social.
Estos incumplimientos se refieren a incrementos de gasto sin modificar contratos (167.623 euros), a no observar los principios de publicidad y concurrencia (310.565 euros) y a modificar convenios sin aprobación previa del órgano competente (79.604 euros).
El TVCP también destaca que el Instituto Foral de Bienestar Social hizo tres contratos sin que hubiera un procedimiento abierto o negociado con publicidad, y que modificó un convenio y un contrato sin la aprobación previa del órgano competente.
Además, Álava Agencia de Desarrollo e Indesa 2010 contrataron un servicio y once suministros, respectivamente, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia; y la Fundación Valle Salado de Añana incrementó de manera significativa dos contratos sin que se hubiera publicado su licitación.
