Vitoria. Fuentes municipales han confirmado que la contrata remitió esta solicitud al consistorio el día 28 de marzo, después de que hace semanas directivos de la compañía comunicaran de forma verbal su voluntad de no continuar con el contrato tras el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) contrario a la petición de la UTE de que el Ayuntamiento abonase más dinero.
"Ahora se inicia el procedimiento jurídico marcado tanto en la Ley de Contratos como en la Ley de Procedimiento Administrativo Común", explican desde el consistorio, por lo que FCC y GMSM deberán remitir "la documentación que acredita la causa de resolución a la que hacen referencia".
En su momento la UTE aseguró que con las condiciones económicas actuales era "inviable" la prestación del servicio, por lo que reclamó al Ayuntamiento que se hiciera cargo de cuestiones como el absentismo laboral, con un coste extra de 1,7 millones anuales.
Ante estas diferencias en la interpretación del contrato, se decidió acudir a la mediación de la Cojua, que dio la razón al Ayuntamiento.
Desde entonces el Gobierno local estaba a la espera de que esta renuncia se tramitase de forma oficial, con un escrito que justifique los motivos económicos que alegaba FCC y que se debe remitir a la Cojua para que se pueda resolver el contrato sin que Vitoria tenga que indemnizar a la empresa.
Además, el Ayuntamiento deberá iniciar los trámites para licitar un nuevo concurso, y mientras se escoja a la nueva adjudicataria la UTE mantendrá la prestación del servicio.
Con este paso se pone fin al conflicto que se inició a principios de 2017 con la decisión de la empresa de despedir a 8 trabajadores (finalmente fueron 5) ante la necesidad de hacer ajustes económicos debido a un "desequilibrio financiero" en el servicio.
Los despidos llevaron a la plantilla a convocar una huelga de limpieza, que se pudo evitar mediante un pacto con el Ayuntamiento, lo que supuso la readmisión de los trabajadores en agosto y la solicitud de mediación a la Cojua.
Al conocer la noticia, desde el PP el concejal Alfredo Iturricha ha solicitado que se convoque la mesa de residuos "para tener información de primera mano y que el Gobierno de Urtaran explique cómo va a gestionar esta situación inédita en Vitoria", ya que "se abre un periodo de incertidumbre con el contrato más caro que tiene la ciudad".
Por su parte la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Miren Larrion, ha defendido hoy en rueda de prensa que se estudien fórmulas para que el servicio de limpieza pase a gestionarse de forma pública y ha criticado que el equipo de gobierno baraje la posibilidad de convocar un nuevo concurso "al que pueda presentarse FCC pero ganando más dinero", lo que considera "obsceno".
Desde Podemos el concejal Jorge Hinojal también ha apostado por estudiar la remunicipalización del servicio y ha rechazado "otra adjudicación del servicio a una multinacional que no necesita este contrato y a la que le da igual lo que pueda pasar", ya que "sólo daña a Vitoria".
El edil de Irabazi Oscar Fernández ha asegurado por su parte que la renuncia de FCC ofrece "el momento propicio para una remunicipalización del servicio".
