BILBAO. A finales del pasado noviembre, la Ertzaintza recibió un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Gastiz, para iniciar las indagaciones pertinentes de cara a esclarecer un posible caso de trata de seres humanos.
Los hechos se remontaban al año 2006, cuando una mujer joven, natural de Guinea Ecuatorial, recibió una oferta para contraer matrimonio en España con un varón también guineano y supuestamente de edad similar a la suya. Tras proporcionarle la documentación necesaria para viajar, la mujer llegó a Madrid donde conoció a su futuro cónyuge, percatándose del engaño ya que se trataba de un hombre de mayor edad.
El varón, junto con un hermano suyo y otra mujer, le retiraron el pasaporte a la víctima y bajo amenazas, incluido el amedrentamiento mediante determinados ritos africanos, la obligaron a comprometerse con su nueva pareja. Según le dijeron, si rompía el compromiso lo pagaría con su vida o con la de alguno de sus familiares. También la amenazaron para que no denunciara los hechos.
A partir de ese momento, le facilitaron una documentación falsa y la obligaron a ejercer diferentes formas de explotación tanto laboral como sexual, agrediéndola además ambos varones tanto física como sexualmente.
Posteriormente, la mujer fue trasladada a Gasteiz, al objeto de empadronarla y poder optar de forma fraudulenta a ayudas sociales, alternando a partir de ese momento su explotación entre la capital alavesa y Madrid.
A raíz de las indagaciones practicadas por el Area de Delitos contra las Personas de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, y a instancias del Juzgado, este pasado lunes se procedió a la detención en Vitoria de uno de los hermanos acusado de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual, matrimonio forzoso y agresión sexual.
Ese mismo día, en Madrid, también fue arrestado por la Guardia Civil el otro hermano, acusado de los mismos delitos. Ambos han sido ya puestos a disposición judicial, habiéndose decretado medidas cautelares de presentación en el juzgado cada quince días, así como de alejamiento de la víctima.
