el doble asesinato de Otxarkoaga a manos de un grupo de menores, añadido al homicidio de Ibon Urrengoetxea, a la violación registrada en Barakaldo y al ataque en el metro de Bilbao, han trasladado un intenso sentimiento de rabia e inseguridad a la ciudadanía. Aunque la realidad de la delincuencia juvenil en Álava dista mucho de ser preocupante, estos sucesos copan los debates a pie de calle y las opiniones resultantes parecen decantarse de forma mayoritaria por el endurecimiento. Más rigor en las actuaciones policiales y jurídicas, en el control de los servicios sociales... Una respuesta tan natural como visceral y, a juicio de los expertos, poco adecuada si lo que se pretende es atacar la raíz del problema. Ixone Ondarre, criminóloga perteneciente al equipo de Euskrim y especialista en delincuencia juvenil, considera que una vuelta de tuerca en la severidad de la actuación policial o penal no frenará el fenómeno. “La mano dura no es la solución. Es necesario analizar la situación en general, todo lo que rodea al menor, tanto las circunstancias del acto delictivo como los factores psicosociales. La justicia juvenil es de naturaleza sancionadora-educativa, de manera que lo que debe de hacer es tanto sancionar como educar. Y la mano dura no educa”, argumenta.

Ondarre asevera que “la situación de la delincuencia juvenil no es preocupante”. “Hay menos casos de los que la gente cree. Lo que sucede es que nos encontramos ante situaciones muy mediáticas, que cobran repercusión social y la sensación resultante es de preocupación”, resume. A la luz de los datos, la criminóloga reitera que nos hallamos ante “casos aislados no representativos”.

La experta recuerda que hablamos de delitos, y que éstos sobrevienen cuando el sistema yerra. “Han fallado los procedimientos que socializan al menor y entra en funcionamiento la vía penal, que es el último recurso. Ahora hay que aplicar medidas para reeducar a esos menores, normalmente en un centro de internamiento. Allí, los educadores deben entender lo que ha fallado y mejorarlo para que puedan reinsertarse”, detalla.

Las vidas de los jóvenes involucrados en estos crímenes están repletas de factores de riesgo. “Cuando se dan estas circunstancias y hablamos de menores de 15 años -relata- los servicios sociales trabajan tanto con ellos como con la familia, pero están saturados. No hay medios para atender a todos los menores en riesgo”.

A todo ello hay que sumar el “estigma social”. “Si hablamos de jóvenes de etnia gitana no podemos obviar el hecho de que se trata de un colectivo etiquetado negativamente. Conocemos el discurso: son delincuentes, no se van a reinsertar y están condenados a esa vida porque es lo que han visto en su familia. Lo cierto es que cuando no se trabaja con ellos, no porque no haya medios sino porque no interesa, ocurre esto. Estalla la bomba y nos echamos las manos a la cabeza. Además, en este caso son menores y no se les puede hacer nada, con lo que la preocupación es aún mayor”, lamenta Ondarre.

Analizando estos sucesos desde el prisma de la criminología, la experta asegura que, en su conjunto, resultan especialmente significativos. “Que menores lleven a cabo actos de este alcance llama mucho la atención. Nadie comete un delito porque sí y menos aún asesinatos. Hay que saber cómo han llegado hasta ese punto, con qué intención y la razón del ensañamiento”.

Mecanismos eficaces Por su parte, la fiscal de menores de Álava, Carmen Cotelo, considera que la información debe ser un relato “fiel” de la realidad. “Es cierto que en un escaso periodo de tiempo delitos graves han sido cometidos por menores, pero no es lo habitual. Y desde luego, no es habitual en Álava. Contamos con los mecanismos legales suficientes para enfrentarnos a estos hechos, contamos con los medios necesarios para ayudar a las víctimas y sobre todo para protegerlas y con los medios necesarios para contener al menor infractor y así impedir que siga con su trayectoria delictiva”, detalla.

La fiscal apunta que en la memoria realizada el año pasado el número de diligencias preliminares incoadas en el territorio fue el más alto desde 2011, ya que se registraron 449, de las que 214 pasaron a expediente de reforma. Sin embargo, precisa que los menores cometen sobre todo delitos “menos graves o leves”. “Si realizáramos un ranking, la lista estaría encabezada por los delitos de robo con violencia o intimidación, seguidos de las agresiones físicas, tanto en la modalidad de delitos leves, como menos graves. De la misma forma, el incremento de la violencia se manifiesta en un aumento de los delitos cometidos en al ámbito de la violencia familiar. En todo caso, debe destacarse que la violencia utilizada en casi todas las situaciones daría lugar a la aplicación de tipos atenuados contemplados en el Código Penal”, precisa.

La tasa de reincidencia no es elevada en Álava. Aunque existen menores reincidentes, “de los que hasta recordamos su fecha de cumpleaños”, Cotelo subraya que “son los menos”. Afirma que las disposiciones legales funcionan “si el menor desea que funcionen”, en la medida que “requieren de un compromiso activo por parte del joven”. Ahora bien, si este se muestra renuente a ejecutarlas la ley establece mecanismos de modificación de la decisión inicial por otras de carácter más restrictivo.

En cuanto a la eficacia de los centros, distingue entre los de reforma y los de protección. Los primeros sirven para cumplir con una medida judicial al amparo de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menore, LORPM, generalmente internamientos en cualquiera de sus tres regímenes. Los segundos evitan el desamparo del menor, independientemente de si este ha cometido o no infracción penal alguna.