Vitoria - El fraude detectado por el Ayuntamiento de Vitoria en las empresas locales a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) superó el año pasado los 1,5 millones de euros, aunque la cantidad aumentará una vez se cierren los 114 expedientes que la Hacienda local mantiene aún abiertos, pues esos 1.512.783 euros aflorados corresponden sólo a los 253 expedientes que ya se han cerrado. En total, entre las más de dos mil empresas con sede en Vitoria a las que se reclamó que declararan las modificaciones producidas en este tributo, el Consistorio ha abierto 367 expedientes. En febrero de 2016, el Ayuntamiento remitió 2.162 cartas a otras tantas empresas de la ciudad obligadas a pagar dicho impuesto con el fin de que actualizaran la información que el Consistorio posee sobre ellas, y que llevaba dieciséis años sin ponerse al día.

La información obtenida por este procedimiento, englobado en el Plan de prevención y lucha contra el fraude 2017-2019 puesto en marcha el año pasado por el Consistorio con 89 medidas concretas, permitió activar una campaña de inspección específica en las empresas para “contrastar los datos aportados, llevar a cabo las correcciones oportunas y emitir las liquidaciones correspondientes”, según destacó ayer la concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, que presentó el balance anual de este plan acompañada por el director del departamento, Vidal Gorostiaga. Las inspecciones, aseguraron, se han centrado, entre otras, en comprobar la superficie de la empresa y la potencia contratada, que sirven de indicadores para calcular el recibo del IAE. En total, el Ayuntamiento detectó en 2017 casi cuatro millones de euros de fraude fiscal (3.970.140 euros), de los que además de las cantidades afloradas por el IAE destacan los 1,9 millones de euros aflorados gracias a la mejora de la colaboración con la Diputación Foral de Álava o los 514.397 euros detectados en actuaciones de inspección de otros tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de construcciones y obras.

Los 3,9 millones aflorados, que no cobrados, fruto de la labor de inspección municipal derivada del plan de lucha contra el fraude suponen un 32,7% más que la previsión realizada hace un año por el Ayuntamiento, que esperaba detectar cerca de 2,9 millones de euros y ha acabado superando esa cifra en un 32,7%.

Para los tres años de vigencia del plan, la “expectativa global de recaudación” pasa por alcanzar los 9.636.650 euros. “Se están cumpliendo los objetivos que trazamos hace un año al presentar el plan e incluso hemos superado ampliamente la previsión que se había fijado para 2017, lo que nos anima a seguir mejorando tanto en la vigilancia de los incumplimientos de obligaciones tributarias como en la búsqueda de unos sistemas de recaudación más eficientes”, se felicitó Gonzalo.

otros impuestos Además del IAE, las actuaciones de inspección se han extendido a impuestos como el IBI y el impuesto de construcciones y obras los técnicos de Hacienda han revisado liquidaciones de otras tasas como las licencias de apertura, las licencias urbanísticas, el paso de vehículos o apertura de zanjas y la colocación de vallas y andamios. En total, 514.397 euros fruto de 588 actuaciones de inspección a lo largo de 2017.

Con dos haciendas separadas -Diputación por un lado y Ayuntamiento por otro- ciudadanos y empresas se acababan beneficiando año tras año de la escasa coordinación que ambos fiscos mantenían. Un problema que el curso pasado ambas instituciones trabajaron por mejorar potenciando la coordinación, especialmente en lo que al intercambio de información respecta y “complementándonos en la ejecución de derechos de cobro, además de afinar los mecanismos para evitar que recibos devueltos queden sin cobrar”.

intercambio de datos Hasta ahora, si un contribuyente debía dinero a la Diputación, pero iba a ingresar dinero del Ayuntamiento por cualquier concepto podía hacerlo sin problemas, al ser una deuda con otra institución. Ahora, en cambio, esa cantidad que iba a recibir del Ayuntamiento se anulará e irá a parar a solventar la deuda que tiene con la Diputación, o viceversa.

Entre unas y otras, el plan municipal suma 53 medidas de “impulso en la mejora y eficiencia de los procedimientos tributarios y recaudatorios”, que se han traducido en 1.942.860 euros de fraude aflorado en 2017. Principalmente, esos cerca de dos millones de euros corresponden a la liquidación de herencias yacentes, el contraste de datos en la gestión del IAE, la campaña específica de recibos devueltos, las deudas de organismos oficiales o el citado convenio con la Diputación para la ejecución recíproca de derechos de cobro.

Ya sea en el fisco foral o el municipal, los datos de fraude fiscal traen siempre consigo la misma pregunta. ¿Cuántos de esos 3,9 millones de euros detectados esperan acabar cobrando realmente? La respuesta también es recurrente: lo máximo posible. Por el momento, según enumeró al concejala, las arcas locales cuentan ya en su poder con 265.000 euros en recibos recuperados, 225.000 euros de deudas de organismos oficiales y 475.000 euros en embargos de crédito.

De cara a este año, el Consistorio gasteiztarra tiene previsto poner en marcha “nuevas acciones en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con especial incidencia en todo lo relativo al uso de medios electrónicos para envío de recibos, gestión de tributos, difusión de información tributaria y procesos recaudatorios”, buscando así superar de nuevo las previsiones de recaudación al igual que ha sucedido este curso.

De hecho, si para 2017 las expectativas se situaban en 2,9 millones, para 2018 el Ayuntamiento gasteiztarra confía en alcanzar al menos los 3,2 millones, mientras para 2019 esperan que llegue a los 3,4 millones de euros. Pese a ello, teniendo en cuenta que en este primer año la cantidad real aflorada ha acabado siendo un 32,7% mayor que lo que barajaban en la Casa Consistorial vitoriana, cabe esperar que en los dos próximos años las cifras reales sean del mismo modo superiores a las expectativas fijadas por el Departamento municipal de Hacienda.

IAE. El fraude fiscal detectado por el Ayuntamiento entre las más de dos mil empresas locales a las que se instó a regularizar sus datos para el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) superó el año pasado los 1,5 millones de euros, aunque la cantidad aumentará cuando se cierren los 114 expedientes que se mantiene aún abiertos, pues la cifra citada corresponde sólo a los 253 expedientes que ya se encuentran cerrados.

La concejal de Hacienda destaca que “se están cumpliendo los objetivos que trazamos hace un año al presentar el Plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal en la capital alavesa.

588

Además del IAE, las actuaciones de inspección y control de los incumplimientos tributarios en impuestos como el IBI, el impuesto de construcciones y obras, las licencias de apertura, las licencias urbanísticas o la apertura de zanjas y colocación de vallas alcanzaron las 588.