Vitoria. La teniente de diputado general de Álava, Pilar García de Salazar (PNV), ha informado hoy de los avances en esta materia durante la sesión de la comisión de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de las Juntas Generales.
En concreto, García de Salazar se ha referido a los siete convenios que se han desarrollado en los últimos meses entre los técnicos de ambas instituciones y que culminaron el pasado 26 de diciembre, por lo que ahora la Junta de Castilla y León debe dar su autorización para que las entidades los firmen.
Su aprobación permitirá a la Diputación alavesa prestar una serie de servicios en este enclave burgalés situado dentro de Álava, ya que a través de los convenios Burgos delegará a su homóloga sus competencias en esa materia.
Los siete convenios de colaboración abordan áreas de actuación como la integración y atención social a personas mayores, discapacitados y dependientes; protocolos en la lucha contra la violencia de género; y políticas públicas en materia de igualdad y políticas de Juventud.
Además, contemplan la colaboración en las labores de Protección Civil y de Emergencias, sobre todo en el tema de incendios; proyectos de conservación y mantenimiento de infraestructuras y bienes artísticos; así como la promoción de actividades culturales y el uso del euskera.
Pero la necesidad del aval de la Junta de Castilla y León a estos acuerdos ha hecho que parte de los grupos políticos que conforman la oposición en las Juntas Generales de Álava hayan mostrado sus recelos sobre el apoyo que pueda dar la Junta.
Tanto EH Bildu como Podemos, Irabazi y el grupo Orain Araba, formado por los cuatro procuradores expulsados en julio de 2017 de Podemos, han alertado sobre el posible rechazo a los acuerdos alcanzados entre las diputaciones.
Las formaciones han recordado cómo en anteriores ocasiones esta institución ha presentado recursos contra decisiones de estos dos ayuntamientos, por lo que creen que "no hay garantías suficientes" para que los convenios "se terminen cumpliendo" y han abogado por una mayor implicación del Gobierno Vasco para solventar este posible obstáculo.
Ante estas dudas de la oposición, la teniente de diputado general, Pilar García de Salazar (PNV), ha defendido que el acuerdo marco (del que se desarrollan posteriormente los convenios) sí ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León y ha advertido de que actualmente no hay recursos de esta institución sobre este asunto, aunque ha admitido desconocer qué hará con los convenios.
