Vitoria - Más de un centenar de profesionales de Intervención Social partieron en manifestación pasadas las 11.00 horas de ayer desde la Plaza de la Provincia para exigir de nuevo la firma de su convenio sectorial, “bloqueado” por la Diputación Foral de Álava, pese a existir un preacuerdo entre la patronal y los sindicatos desde el pasado verano. Fue la primera y la más multitudinaria acción de protesta de la segunda jornada de huelga convocada por todos los sindicatos representados en este sector (ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT), que integran más de 1.000 trabajadores de empresas y asociaciones subcontratadas por la propia Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco. Tras la tercera, que tendrá lugar el próximo miércoles 27, las centrales ya tienen decidido que “seguirán adelante” con nuevas medidas de protesta a partir de enero de no darse avances en la mesa negociadora.

Por de pronto, según avanzaron portavoces sindicales a este periódico, la única asociación empresarial del sector (AISA) canceló el último encuentro previsto para este pasado lunes entre ambas partes. Los grupos junteros de EH Bildu, Podemos, Orain Araba e Irabazi, varios de cuyos integrantes siguieron el recorrido de la marcha, apoyaron la movilización, que hizo escala en distintos puntos del centro de la ciudad como las nuevas oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), en la calle San Prudencio. Ya por la tarde, tras una comida a base de bocatas de nuevo en la Plaza de la Provincia, los huelguistas celebraron un funeral por los servicios sociales y una batukada posterior. “No nos queda otra que seguir luchando por seguir con el preacuerdo vigente y firmar el resto del convenio. Con esta movilización queremos mandar un mensaje a toda la gente que está aquí de que estamos contentos con el desarrollo de la huelga y que vamos a seguir adelante”, remarcó la portavoz de ELA en el sector, Nuria Vallejos.

Cabe recordar que en ese preacuerdo, firmado el 27 de julio, las partes pactaron unos incrementos salariales del 2, 2,5 y 3% anuales hasta 2020 y una reducción de jornada de 28 horas, pero su aplicación se encuentran ahora en el aire porque AISA no tiene la seguridad de que dispondrá de la financiación suficiente para cumplirlo. Una financiación que en muchos casos depende de un ente foral que defiende que un reciente decreto aprobado por el Gobierno central obliga a las organizaciones y plantillas del sector a limitar su aumento salarial vía convenio al 1,5% en 2018. Se trata de la Ley de Desindexación de la economía española, que a juicio de los sindicatos “no puede ser utilizada en esta situación”. Anteayer, el diputado general de Álava, Ramiro González, rechazó que la Diputación esté interfiriendo en la negociación “libre” entre sindicatos y patronal, que sí podrían acordar subidas salariales superiores a ese 1,5%.

20.000 euros menos “Nos encontramos en una situación en la que la Diputación dice que en este sector no se puede subir el salario más de un 1,5% en 2018, que es el tope para los funcionarios. Pero es que no lo son. Para los recortes son funcionarios, pero para los beneficios no”, expuso por su parte Nuria López de Uralde, representante de LAB. Según sus cifras, profesionales de este sector están cobrando “hasta 20.000 euros menos al año” que sus compañeros funcionarios. “Es muy triste que la Diputación esté precarizando un sector tan joven y feminizado”, zanjó.

parones. Los 1.000 profesionales del sector estaban llamados a secundar ayer el segundo de tres días de huelga. El siguiente será el miércoles 27.