vitoria - El pasado 1 de julio de 2016 se vivió un insólito suceso en el barrio de Adurza que culminó ayer con la celebración de un juicio en el Palacio de Justicia de Vitoria. Una pareja de agentes de la Policía Local que acudió para comprobar una denuncia porque un hombre se estaba masturbando en la vía pública, acabó siendo agredida por el sospechoso entre gritos e insultos. El ministerio fiscal reclamó para el acusado una pena de prisión de ocho meses y la entrega de una fianza que garantice el abono de las responsabilidades derivadas de la causa.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos policías municipales acudieron a la calle Raimundo Olabide tras recibir una llamada en la que se advertía de que un hombre podría estar masturbándose en un banco de la citada vía. Los agentes, que en ese momento vestían de paisano, se acercaron al sospechoso, de 49 años, y se identificaron al tiempo que le requerían “para que volviera a meterse el pene dentro de su ropa interior”. Como respuesta, se encontraron con que el varón en cuestión comenzó a insultarles, diciéndoles “hijos de puta, muertos, txakurras”, y a lanzarles manotazos y patadas que no llegaron a alcanzarles. Los dos policías lograron reducir al hombre, si bien el acusado continuó braceando hasta que golpeó de un manotazo en la cara a uno de los agentes. El individuo, reincidente, fue condenado en sentencia firme en junio de 2013 por un delito de “exhibición obscena”.
De acuerdo con la evaluación de la Fiscalía, los hechos juzgados ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 son constitutivos de un delito de resistencia a agentes de la autoridad, por lo que reclamó para el acusado una pena de ocho meses de prisión y el pago de las costas correspondientes.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Álava inició ayer juicio oral contra un hombre acusado de un presunto delito de estafa por cobrar a una mujer diversas cantidades de dinero haciéndose pasar por el representante legal de una constructora impulsora de una promoción de viviendas en la localidad de Arenzana de Abajo.
En 2007, la víctima adquirió una serie de propiedades en Lanciego al acusado, que actuaba como apoderado de una promotora. Algunos días después, volvió a contactar con él, ya que éste afirmaba actuar en representación de otra compañía constructora, y firmó un contrato para la compra de una vivienda con garaje, valorada en 170.000 euros. En el momento de cerrar el acuerdo, la mujer le adelantó 16.060 euros por la vivienda y 3.480 por el garaje. En realidad, la promoción nunca llegó a ejecutarse, por lo que la acusación pidió para él una pena de 4 años de prisión y una indemnización de 60.380 euros. - A. B.