La orden urgente de desalojo dictada por el Ayuntamiento de Vitoria sobre los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo ha puesto al descubierto un grave problema urbanístico en el corazón del Casco Viejo. Muchos sospechaban desde hace años que el progresivo deterioro de muchos inmuebles de la almendra medieval obligaría en algún momento a iniciar un necesario y extenso plan público de rehabilitación de edificios, y parece que el momento ha llegado. A pesar de las advertencias y de las recomendaciones realizadas desde hace al menos dos años por parte del Síndico de Vitoria, Martín Gartziandia, el estallido de la crisis en Santo Domingo ha pillado al Consistorio sin un protocolo de realojos para este tipo de situaciones y, una vez más, ha tenido que recurrir a la improvisación para ofrecer solución habitacional a una docena de familias con niños, mayores, enfermos y personas con movilidad reducida a su cargo. Tanto el defensor vecinal como la asociación Gasteiz Txiki urgen al Consistorio a dar un paso al frente y adoptar medidas en varios frentes para evitar que lo sucedido esta semana en el abandonado tramo de Santo Domingo se reproduzca en otros puntos del Casco Viejo. Y advierten de que otros muchos inmuebles pueden comenzar a dar problemas en breve si no se interviene con cierta celeridad.

Gartziandia explica que, desde que comenzó su mandato como Síndico hace ya cinco años, las reclamaciones de vecinos del Casco Viejo relacionadas con el precario estado de las viviendas o con la imposibilidad de acometer las reformas requeridas por el Ayuntamiento han constituido un goteo constante. En este sentido, refiere un total de 25 expedientes relacionados con situaciones anómalas en el Casco Histórico desde enero de 2012 hasta la actualidad. Esta misma semana, refirió que hace ya dos años, a raíz de la reclamación de la única vecina del número 38 de Santo Domingo, instó al Consistorio a desarrollar un protocolo de realojos que fue desestimado por los responsables municipales. El edificio en cuestión, aquejado de inestabilidad estructural tras anegarse la lonja del bajo y propagarse la podredumbre por las vigas de madera, fue clausurado y la vecina, de 83 años, tuvo que buscarse un nuevo alojamiento por su cuenta, sin que el Ayuntamiento le ofreciera solución alguna debido a que “contaba con ingresos” y a pesar de estar dispuesta a pagar una renta justa. Hoy, los vecinos de la calle sospechan que el agua de la lonja del 38 se ha filtrado a los bajos de los portales contiguos 40 y 42, provocando el resultado por todos conocido.

Entre los 25 casos contabilizados por el Síndico figura, como ejemplo, el derrumbe de un piso de la segunda planta de un edificio de la calle Cubo. Aquel suceso truncó la venta de una vivienda situada en el tercer piso de la misma mano. “Aproximadamente el 85% del inmueble es propiedad del Ayuntamiento, pero no actúa para evitar la futura ruina del edificio a pesar de la insistencia de la vecina, que ha tenido que abandonar la vivienda y plantearse un alquiler”, recoge el informe del año 2013.

En 2012, otro vecino, esta vez de la calle Pintorería que poseía 3 pisos y una lonja que incluye una pequeña capilla, propuso una permuta al Ayuntamiento, ya que al tratarse de un edificio “catalogado” le pusieron pegas con el proyecto de rehabilitación. Los sucesivos cambios al frente de la aún entonces operativa Agencia de Revitalización del Casco Histórico, ARICH también truncó la permuta que se planteaba.

Los casos de demolición por orden municipal y realojo son numerosos. En junio de 2013, un vecino que había invertido 90.000 euros en la década de los 90 en la rehabilitación de su piso de la calle Pintorería solicitó amparo al Síndico. En 2009, el Ayuntamiento decidió demoler el inmueble por problemas estructurales, lo desalojó en 24 horas y realojó al afectado en una vivienda municipal de la calle Loreto Arriola de forma provisional. Pese a los planes iniciales, el edificio derribado no se reconstruyó.

Situaciones similares se repiten por todo el Casco Viejo. En julio de 2013, el titular de una vivienda de la calle Nueva Dentro explicaba al defensor vecinal que junto a su edificio había un solar resultante de un derribo. La acumulación de basuras y las filtraciones de agua por este flanco derivaron en una actuación municipal. Se elevó un muro, pero no se aisló, con lo que la entrada de agua fue a más. Los afectados hablaron con la Arich, que finalmente decidió reformar el tejado. Cuando un perito del Gobierno Vasco supervisó la obra ordenó el desalojo del inmueble y envió a los residentes a la calle Zapatería. Aquello desembocó en un caos de contratos de arrendamiento a varias bandas con la extinta ARICH de por medio, por lo que pedía al Síndico que intermediara.

La lista de casos continúa, año tras año, hasta llegar a las situaciones más recientes y conocidas. En mayo de este año, una persona, administradora de una comunidad de vecinos de la calle Santo Domingo, contactaba con la oficina del Síndico para explicar su compleja tesitura. Una de las seis viviendas está vacía y sus propietarios no pagan la comunidad desde que se fueron al extranjero, otra, en la que reside un inquilino, es propietaria de una entidad bancaria y el resto está ocupada por sus propietarios. La fechada y el tejado se reformaron, pero la estructura de madera no. A principios de 2017, Amvisa les notificó un consumo anómalo de agua, lo cual reveló una fuga del segundo piso al primero, que está vacío, y del primero a la lonja del bajo, que lleva años cerrada. Al revisar el estado general del edificio, los peritos de los seguro pidieron al Ayuntamiento que interviniera debido al mal estado de las vigas. Se giró orden de desalojo al vecino del segundo, pero según el administrador no cortaba el agua pese a los requerimientos “y como no atendía a razones hubo que llamar a la Policía”. El Servicio de Edificaciones les conminó a presentar un proyecto de consolidación de la estructura y la Policía Local de Vitoria precintó el bajo y el primero, pero no el segundo piso.