Vitoria - Más alto y claro no lo pudo decir ayer el Consistorio Vitoria, al ser preguntado ayer por este periódico por la alternativa que dará a los residentes de las 10 viviendas de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo que deben desalojar sus domicilios ante el “peligro de derrumbe”, como así alertó hacerlo una resolución del departamento de Urbanismo, tras la visita que hizo este jueves. De forma contundente, fuentes municipales aseguraron que “ninguna familia se va a quedar en la calle” ya que el lunes, cuando se cumpla el plazo de 72 horas que el Ayuntamiento les ha dado para abandonar sus casas, “todos van a disponer de una alternativa”.

Una opción que podrá ser desde “alojamiento” a “algún tipo de recurso”, en función “de la situación” en la que cada residente se encuentre. De este análisis se encargará Servicios Sociales quien, para ello, tiene que reunirse con cada una de las aproximadamente diez familias que residen en estos dos portales del Casco Viejo. En este sentido, la resolución de Urbanismo recuerda en sus primeras líneas que ya el pasado 27 de abril ordenó a ambas comunidades de propietarios que debían abordar un proyecto para la consolidación de la estructura de ambos edificios y que incluso se prohibió el uso de varias plantas.

El pasado jueves la arquitecta municipal visitó ambos edificios y constató que toda la estructura dañada “continúa deteriorándose” y elaboró un informe que remitió al área de Urbanismo en el que se concluía que existía “peligro de derrumbe”. Por ello, planteaba el desalojo completo de ambos edificios “en un plazo no mayor a 72 horas”.

A la vista de ese informe, la concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo, dictó ese mismo día una resolución en la que ordenaba el desalojo de los dos portales en el plazo “improrrogable” de 72 horas.

En su escrito constaba que los propietarios no habían cumplido con “el deber de conservar sus edificios” e instaba de nuevo a las comunidades de ambos portales a presentar en el plazo de un mes un proyecto de consolidación de las estructuras dañadas y a llevar a cabo las obras. Si esto no sucede, el Ayuntamiento podrá adoptar dos medidas: ejecutar subsidiariamente las reparaciones e imponer “hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual” con un importe cada una de 1.200 euros, que es el 10% del coste estimado de las reparaciones a acometer (12.000 euros).

Desde la oposición, el grupo municipal de Podemos denunció ayer que llevan meses advirtiendo del peligro de derrumbe de estas viviendas y emplaza a compaginar medidas urgentes con una plan de intervención integral, ya que en este caso ha existido “nula previsión para el realojo” y “descoordinación” entre los servicios del Ayuntamiento. Una crítica que también ha hecho Kaleratzeak Stop Desahucios que critica la “falta de sensibilidad” de Urbanismo ante familias “vulnerables” con “carencia de recursos”.