vitoria - El Ayuntamiento ya ha remitido las primeras remesas de recibos para el posterior cobro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las 841 actividades que facturan entre uno y dos millones de euros y que se incorporan en el presente ejercicio al pago bonificado del mencionado impuesto. Se da un paso más dentro de la polémica que envuelve al IAE en la actividad municipal y que ha desatado a lo largo de este año el enfrentamiento entre los grupos políticos.

Las diferentes posturas han impedido alcanzar un punto de común acuerdo y en esta tesitura, a lo largo de 2017 se va a bonificar el pago del IAE de manera que estas actividades que facturan entre uno y dos millones de euros, se van a incorporar al pago del impuesto de una manera gradual en los tres próximos ejercicios. Como primera toma de contacto ante su nueva situación fiscal, a lo largo de este año la bonificación será del 75%, en 2018 se rebajará al 50% y para el 2019 caerá aún más hasta llegar únicamente a un 25%, de no alcanzarse antes un acuerdo. A la espera de que el Ayuntamiento de luz verde a la orden de hacer efectivo el pago de los recibos bonificados ya enviados, el montante total de la cantidad a recaudar ascenderá a 217.904,91 euros, según se desveló en una comisión de Hacienda del pasado mes de marzo, en la que la máxima responsable del área, Itziar Gonzalo, abogó por la “incorporación flexible y progresiva” de esas 840 actividades que van a tener que afrontar por vez primera el pago.

postura de SEA Las actuaciones municipales se mantienen, por ahora, al margen del conflicto que enfrenta a la institución con SEA Empresarios Alaveses y que tiene al IAE en el centro de la polémica.

La patronal alavesa esbozó sus intenciones de tener las manos libres a la hora de recurrir ante los tribunales la aplicación de las bonificaciones del IAE. Por este motivo envió al Ayuntamiento, el pasado 7 de julio, un requerimiento para su aplicación como, según su interpretación, exige la Norma Foral. El citado documento concedía una moratoria de 90 días para que, superado ese plazo, SEA Empresarios Alaveses pudiera plantear un recurso por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso en el que exigir al Ayuntamiento su aplicación. Ese plazo de 90 días se superó el pasado sábado 7 de octubre, aunque todavía la postura de SEA sigue sin aclararse al respecto.

Fuentes de la patronal confirman a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que la decisión final no se ha tomado. Todo se va a dejar para la próxima reunión de la Junta Directiva que tendrá lugar en la “última o penúltima semana del mes”. Ése será el instante en el se concrete si se acude a los tribunales. En el tiempo transcurrido durante estos tres meses, “no hay constancia de ningún movimiento desde el Ayuntamiento en este sentido”, reafirman las mismas fuentes de SEA requeridas.