vitoria - Entre las muchas personas que forman parte del paisaje habitual de los juzgados de Vitoria, la figura de la exprocuradora que fue expulsada de su colegio profesional y que acumula numerosos juicios en su contra destaca por méritos propios. Entre ellos, el infrecuente hecho de que quienes hasta hace pocas fechas formaban parte de su círculo profesional como colegas operadores jurídicos, ahora se vean en la obligación de procesarla y juzgarla. Y no en una, sino en múltiples ocasiones. Por otra parte, su imagen dista enormemente de la de los delincuentes habituales. Bien vestida, absolutamente tranquila y derrochando candidez cada vez que se acerca al estrado a declarar. Nadie diría que, a día de hoy, se enfrenta a más de 20 procesos judiciales por apropiación indebida o deslealtad profesional, y que, si llega el momento en el que una sentencia en su contra se hace firme con más de dos años de prisión, podría tener que hacer las maletas y dirigirse a la cárcel. Incluso se le ve de buen humor en los pasillos del Palacio de Justicia durante los momentos previos a las vistas que la sientan en el banquillo de los acusados.
Por fortuna para ella, de las más de 30 causas que inicialmente obraban en su contra, según confirman fuentes judiciales varias han decaído por diversos motivos. Muchas de ellas nunca llegarán a celebrarse por estimar los jueces que los delitos han prescrito. Sin embargo, más de dos decenas de juicios en contra representan toda una espada de Damocles de consecuencias imprevisibles.
Sin ir más lejos, el lunes y el martes de esta semana la mujer se enfrenta a dos nuevas vistas orales. La primera, en la que se le acusa nuevamente de un presunto delito continuado de apropiación indebida, tendrá lugar en la Audiencia Provincial y la segunda, en la que se enfrenta a la misma acusación, en el Juzgado de lo Penal número 1.
Precisamente en esta segunda vista la Fiscalía asegura que la exprocuradora, para la que reclama una pena de prisión de un año y diez meses, se quedó con una serie de cantidades que, en realidad, eran las minutas que debía percibir un abogado de Vitoria con el que trabajó durante más de 15 años. Este letrado, Oscar de la Fuente, quien cuenta con una larga trayectoria profesional en la capital alavesa, fue el encargado de abrir la caja de Pandora hace casi cuatro años. En un momento dado se dio cuenta de que en aquellos procedimientos en los que colaboraba con la acusada y que tenían que ver con dinero, surgían problemas de todo tipo. Los retrasos de los juzgados se acumulaban, los pagos no llegaban, los errores de procedimiento dilataban los cobros... Sea como fuere, los impedimentos para que el dinero llegara a su legítimo propietario en plazo se multiplicaban.
llamada premonitoria A finales de 2013, el letrado recibió una llamada en su despacho. Una mujer de Bilbao le gritaba desde el otro lado de la línea telefónica. El asunto estaba relacionado con un proceso de separación en el que la mujer se había comprometido a liquidar sus obligaciones económicas con su expareja en varios años consecutivos. Pasado un tiempo sin que llegara el dinero ni, consecuentemente, se pagaran las minutas correspondientes, el abogado vitoriano comentó a la juez que llevaba el caso su extrañeza por la falta de avances y por la sorprendente llamada que había recibido. Ella le respondió que el asunto estaba cerrado porque ya se habían realizado todos los pagos mucho antes de lo previsto.
Supo entonces que la mujer había pedido un préstamo para saldar sus cuentas, depositado el dinero en una cuenta consignada del juzgado y que, al parecer, la exprocuradora lo había retirado sin comunicárselo. “En ese momento fui plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento había dado por sentado que se habían cometido errores, que se habían traspapelado documentos o que se habían perdido talones”, reconoce el abogado.
A partir de ese instante, la confianza ciega que el abogado mantenía con la exprocuradora saltó por los aires y empezó, con la ayuda de su secretaria, a repasar los numerosos asuntos legales en los que trabajaba con la acusada. Para su pesar, constató que casi todos aquellos que tenían que ver con asuntos económicos -pagos entre particulares, indemnizaciones, cobros de compañías de seguros...- contenían errores y siempre a favor de la misma parte.
“Me ha robado dinero durante años -admite el letrado-, pero eso no es lo que me preocupa porque, afortunadamente, no me falta trabajo. El problema es que se lo ha quitado a mis clientes. Toda esta situación ha afectado fundamentalmente a personas desvalidas y a personas que se consideraban sus amigos. No quería judicializar el asunto, no quería denunciarlo pero al enterarme de lo que les había hecho a los clientes no me quedó otro remedio”.
De la Fuente inició conversaciones con la entonces procuradora de cara a que devolviera el dinero que había volado. En algunos casos lo logró, en otros no. Al no formar parte de todas las causas relacionadas con la acusada, cuando se le pide que realice una estimación sobre las cantidades que podrían haber sido sustraídas, declina hablar de citas concretas. “En mi caso, sólo en cuatro asuntos me llegaron a faltar 60.000 euros de los que he recuperado parte. También sé que hay una denuncia contra ella por presunta apropiación de más de 120.000 euros y otras muchas por pequeñas cantidades de 10.000, 8.000 euros...”, aclara.
Cuando llegó la hora de rendir cuentas ante los juzgados, el letrado vitoriano comprobó que la exprocuradora había empleado numerosas tácticas dilatorias para tratar de que corriera el máximo plazo de tiempo posible entre el momento de la apropiación y la denuncia. Antes de la reforma legal de 2015, los delitos relacionados con este tipo de sustracciones prescribían en tres años. A partir de esa fecha, su periodo de caducidad se amplió a los cinco.
Las estrategias abarcaban todo tipo de triquiñuelas. Había escritos que se remitían a juzgados incorrectos -cambiando el número a mano sobre la documentación original-, se presentaban recursos que no habían sido solicitados por los clientes para dilatar procedimientos, se ocultaba información a las partes según declaran los afectados en los juicios, se modificaban los números de las cuentas donde habían de abonarse las minutas, y, sobre todo, se mantenían largas charlas telefónicas. “Tiene mucho carisma y hablaba durante horas con mis clientes hasta conseguir que sólo tratasen con ella. Les convencía de lo que quería”, relata. Ahora, inmersos en las vistas, afirma que presenta a última hora extractos bancarios que acreditan pagos para demostrar la entrega de cantidades. “La última vez entregó justificantes correspondientes a otras causas. Es una lástima”, concluye el abogado.
Exprocuradora. Cuando se tuvo constancia de que la acusada había incurrido en posibles ilícitos penales -ya ha sido condenada en varias causas-, el Colegio de Procuradores procedió a su expulsión.
Al límite. Hasta el momento, todas las condenas con pena de prisión que la mujer ha recibido en su contra son iguales o menores a dos años, por lo que por el momento no se ha ejecutado ninguna de ellas.
Reincidencia. Uno de los factores que juegan a favor de la acusada es que, en el momento de llevarse a cabo los hechos que se juzgan, no contaba con antecedentes, de manera que las penas no pueden agravarse por reincidencia. Tampoco cabe riesgo de que reincida en el futuro al no permitírsele seguir ejerciendo su profesión.
El rastro. En los juicios que se han celebrado hasta la fecha contra la mujer por presuntas apropiaciones indebidas, la acusación siempre ha indicado que ella firmaba en las cuentas consignadas de los juzgados para recoger el dinero. Su defensa suele argumentar que posteriormente lo entregaba a sus destinatarios, aunque no siempre ha podido demostrarlo efectivamente.
El abogado vitoriano descubrió las irregularidades hace casi cuatro años, después de 15 de relación laboral con la acusada.
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En sólo cuatro de los asuntos en los que la exprocuradora y el abogado trabajaron juntos, éste echó a faltar 60.000 euros. No obstante, indica que una mujer ha llegado a reclamar 120.000 euros.
