Vitoria - El conflicto entre los trabajadores del Ayuntamiento y el ejecutivo municipal continúa. Desde el comité, su presidente, Tito Vidal, afirmó ayer en una rueda de prensa en la Plaza Nueva que seguirán con diversas movilizaciones, y denunció tanto lo que consideró una “postura inmovilista” mostrada por el equipo de gobierno, además de “su falta de voluntad para alcanzar un acuerdo”. De este modo, las movilizaciones seguirán sucediéndose, como una jornada de encierro en las oficinas de San Martín el día 16. A esta protesta le acompañará un paro programado para las 12.30 horas, con dos horas de duración. Además, les acompañarán las movilizaciones que se vienen celebrando desde días atrás, como las encarteladas y las concentraciones en el Ayuntamiento y en la sede del PNV. En el mismo sentido, ayer avanzaron que están preparando “una denuncia a grandes empresas ubicadas en Vitoria, motivada por una inspección por fraude en la contratación. Una práctica ilegal, de acuerdo con varias sentencias”, señalaron. Por otro lado, señalaron al alcalde gasteiztarra, Gorka Urtaran, como “máximo responsable de la normalidad de funcionamiento en los servicios municipales”, y denunciaron que el mandatario local se ha negado a recibir a sus representantes, remitiéndoles al equipo negociador.

Desde el comité aseguraron también que la postura del PNV al comienzo de la legislatura era diferente, pues se mostraban favorables a, por un lado, garantizar la consolidación del personal interino y evitar las privatizaciones, y por otro se procedía a la recuperación de los recortes establecidos, incluyendo los salariales.

Según el comité, llevaron a cabo diversas reuniones con el entonces concejal Iñaki Prusilla de las que se alcanzaron tres acuerdos. Por un lado, la devolución de todos los recortes producidos por la ley que aprobó Mariano Rajoy en Madrid. En el mismo sentido, aprobaron la recuperación de 5% del poder adquisitivo que perdieron por el decreto al que también Rajoy dio luz verde. Además querían realizar una OPE general con todas las plazas vacantes, siempre que lo permitiera la legislación estatal.

Pese a ello, los acuerdos no se materializaron. El equipo de Gobierno nombró entonces a Jaione Aguirre, aunque tampoco consiguió resolver el conflicto. Posteriormente, no les devolvieron todos los recortes que establecía Ley del Estado. En este aspecto, denunciaron que esta decisión no contó con el acuerdo del propio comité. - Daniel Sanz