vitoria - El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, criticó ayer en Vitoria las “situaciones de abuso” en la percepción de las ayudas sociales en Euskadi, aunque “estén dentro de la legalidad” actual.

Maroto y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, se pronunciaron en este sentido antes de participar en una charla con afiliados y simpatizantes del partido para hablar del debate sobre la nueva ordenanza de ayudas sociales que se está tramitando en el Consistorio de la capital alavesa. El vicesecretario sectorial del PP valora que Vitoria es una ciudad solidaria, pero considera que “la peor solidaridad es la que permite injusticias”. Continúa así el exalcalde con un discurso similar al que ya utilizó en su última etapa de alcalde de Gasteiz.

En cambio, resta valor a las escasas cifras de fraude que hace públicas el Gobierno Vasco en el pago de prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), porque -dice- el ejecutivo autonómico utiliza conceptos que son distintos a los del PP, que a su juicio son también los que utiliza la calle. “Una cosa es el fraude que localiza el Gobierno Vasco y otra distinta es el que se comete, que es mucho mayor”, lanza Maroto. “Lo más doloroso son todas las situaciones de abuso que están dentro de la legalidad, las personas que han sido condenadas por yihadismo y han estado cobrando la RGI de acuerdo a la norma, porque la falta de control lo permite”. Y seguido, acusa al gabinete de Gorka Urtaran de plantear un modelo “sin control”. Por su parte, Comerón aboga por aumentar el tiempo de empadronamiento en Vitoria de seis meses a un año, por que los perceptores de ayudas busquen activamente empleo y por reducir a la mitad la cuantía máxima que se pueda cobrar, entre otros.

GRUPO PODEMOS Por su parte, el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gasteiz ha presentado 17 enmiendas parciales al programa de prestaciones económicas municipales, entre las que se encuentra desestimar los seis meses de padrón en casos de urgencia. Para la formación morada, el Consistorio debe ser garante de los derechos y deberes de todas las personas que viven en el municipio, manifiesta el edil Juan Cerezuela. - Efe/DNA