Vitoria. El comité de empresa acordó el pasado viernes por unanimidad convocar esta huelga, una decisión que debía ser ratificada hoy en asamblea por los trabajadores.

Fuentes del comité de empresa han informado a Efe de que en las votaciones han participado el 80 % de los trabajadores que han respaldado la huelga en un 90 %.

La huelga está convocada por el reciente despido de ocho empleados en el último mes por parte de la dirección de la empresa, que alegó un alto índice de absentismo.

Además, los representantes de los trabajadores exigen que se llegue a la plantilla de 364 operarios fijados en el contrato vigente por el que el Ayuntamiento de Vitoria paga casi 23 millones de euros anuales.

Según los sindicatos, se tendrían que incorporar 44 trabajadores a los que actualmente componen la plantilla.

Este contrato fue firmado por el anterior equipo de gobierno municipal, presidido por Javier Maroto (PP), apenas una semana antes de las últimas elecciones locales.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), anunció recientemente que expedientará a la empresa adjudicataria por no cumplir el compromiso de plantilla firmado en el contrato.

Este será el octavo expediente contra la UTE por diversos incumplimientos y el Ayuntamiento ha reclamado además un millón de euros a la empresa por servicios no prestados.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, se ha preguntado "cómo es posible que Urtaran escurra el bulto y diga que esto no es un problema del Ayuntamiento", ya que una huelga de basuras es un problema "gravísimo y las consecuencias las van a pagar todos los vitorianos".

Según la portavoz municipal del PP éste es un "nuevo punto negro en la gestión" del alcalde de la ciudad.

El concejal de EH Bildu en el consistorio Aitor Miguel ha considerado "inadmisible que una empresa, a la que el Ayuntamiento paga casi 23 millones de euros al año, no cumpla y despida a trabajadores para chantajear a la ciudad".

A juicio del edil, "hoy se demuestra que la ciudad tiene un problema y el alcalde no puede seguir de perfil", ya que la solución pasa por que la gestión de este servicio la haga directamente el Ayuntamiento.

El concejal de Irabazi, Óscar Fernández, ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha reclamado al gobierno municipal "que no mire para otro lado y actúe", exigiendo a la empresa la restitución de los despedidos en sus puestos de trabajo y no cediendo al chantaje al que está sometiendo al Ayuntamiento.

Fernández ha añadido que esta situación "se veía venir" y ha advertido de que no se hubiera llegado a ella si el servicio fuese de gestión directa y pública.