- La fallida compra de cuatro nuevos coches patrulla para la Policía Municipal de Vitoria terminará con la declaración de lesividad que planteará el Ayuntamiento contra la firma Andacar 2000 SA y el posterior recurso en el contencioso administrativo, para que anule la concesión del suministro de esos vehículos prevista mediante una fórmula de renting. Se pretende poner, de esta inusual manera, el punto y final a un tortuoso proceso, iniciado con la licitación hace un año, para renovar el parque móvil de la Guardia urbana. Todo se fue al traste al contar los vehículos que llegaron a las dependencias de Agirrelanda, el mes de octubre, con una caja de cambios manual en lugar de la automática exigida en el pliego de contratación.

Presentaban, además, otras irregularidades que llevaron a su desestimiento, como no contar con la rueda de repuesto tradicional sino con el kit de reparación provisional de pinchazos; tampoco tener incorporada la protección lumbar para el asiento del copiloto o la falta de espejos retrovisores exteriores eléctricos.

Le correspondió al concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Zapatero, comparecer ayer en comisión, a petición del PP, para dar explicaciones. Tuvo que explicar el contratiempo que puede tener un “coste adicional para la ciudad de más de 100.000 euros”, remarcó el edil popular Gustavo Antépara, además de adentrar a la institución en un farragoso proceso judicial “poco habitual” en las entidades municipales, como es el expediente de lesividad. Aludió también en su primera intervención el representante del PP a la “indeterminación” de toda esta situación y la palpable realidad para la ciudadanía de contar con cuatro dotaciones menos circulando y patrullando por las arterias de Vitoria.

Se defendió Zapatero de las críticas de la oposición, realizando una exposición objetiva de los hechos a lo largo de todos los meses. Señalando que, en ningún caso, existió “mala gestión” a la hora de no aceptar esos vehículos que no cumplían los requisitos contemplados en las causas de licitación. “Recibir esos coches, sí hubiera sido un error de bulto incumpliendo lo estipulado en la Ley de Contratos e incurriendo en una irresponsabilidad por mi parte”, argumentó el concejal socialista amparado en la literalidad de la jurisprudencia de sentencias vinculadas a casos similares. Terció en la defensa del responsable de Seguridad Ciudadana, el socio en el gobierno, Iñaki Prusilla, que rescató una parte de la documentación aportada por Andacar, en la que la firma adjudicataria se comprometió a entregar los vehículos “con los requisitos contemplados y que figuraban en los pliegos”, relató el jeltzale.

El resto de grupos de la oposición indicaron también su malestar con la situación creada por un caso de “mala gestión”, en palabras del portavoz municipal de Irabazi, Óscar Fernández, mientras que desde Podemos, Jorge Hinojal, centró sus cuestiones al responsable del departamento en saber “cuándo y cómo se va a subsanar” el contratiempo de que los cuatro vehículos no estén ya patrullando por las calles de Vitoria.

error humano Las críticas más feroces y contundentes llegaron desde la representante de EH Bildu, Iratxe López de Aberasturi, que remarcó al responsable de Seguridad Ciudadana “lo que se ha hecho mal” para tener que llegar a la situación de no poder disponer de los vehículos en cuestión y estar abocados a un camino judicial para el desenlace de este caso. “Hubiera sido más elegante todo si se hubiera reconocido el error humano”, centrado en que la empresa que se presentó al concurso incluyó entre las características de los vehículos la transmisión manual, en lugar de la automática, y que el proceso continuó hasta el final sin que se procediera a subsanar ese notable error.

Cargó también López de Aberasturi contra el responsable socialista al acusarle de que en su cronología de los hechos leída a los integrantes de la comisión se centró sólo “en la parte que más le interesaba sin dar lectura al documento íntegro y en el que se describían las características de los vehículos y se aludía a la transmisión manual”, precisó la edil de la formación abertzale.

Todo está ahora abocado a un procedimiento de lesividad como fórmula “costosa, difícil, muy larga, complicada y en la que pocas Administraciones públicas entran en ella”, adelantó López de Aberasturi. La declaración de lesividad es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar su anulación ante la Justicia. Esta declaración es el requisito previo para la impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y su declaración de anulabilidad.

ADJUDICACIÓN DE 14 VEHÍCULOS Al margen del desenlace jurídico de estos cuatro coches sometidos a litigo, en la jornada de hoy, la Mesa de Contratación procederá a la adjudicación del contrato de renting de 14 vehículos para la Policía Local por un importe total de 624.000 euros, IVA incluido. Se trata de 14 coches monovolumen compactos de cinco plazas, correspondientes al modelo C Max de la marca Ford. Se incluye en el pliego la obligatoriedad de ser automáticos y cuatro tendrán una mampara de seguridad, mientras los otros diez no la llevarán.

Está previsto su renting para un total de 48 meses y con la previsión de realizar 40.000 kilómetros anuales. Todos serán diesel y con una potencia superior a los 110 CV y con nivel de emisiones Euro 6. Una vez realizada la adjudicación, siete deberán ser entregados el 1 de abril del año próximo para su entrada en funcionamiento, y los siete restantes llegarán el 31 de julio para sumarse al parque móvil de la Policía Municipal de Gasteiz.