VITORIA - Los votos en contra del PNV, PSE y PP en el Pleno de ayer cerraron la puerta a la moción para la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre la contrata del servicio de limpieza viaria que presentó el grupo de EH Bildu. Demandó la formación abertzale la puesta en marcha de esta iniciativa, que respaldaron también Podemos e Irabazi, para abordar el grado de cumplimiento en los trabajos de limpieza viaria de la Unión Temporal de Empresas que forman FCC y GMSM, así como de las presuntas irregularidades que han surgido en la contratación de personal y en los últimos despidos registrados en la contrata.

Justificó su decisión EH Bildu, a la hora de pedir el respaldo del resto de fuerzas, por cuestiones como los “incumplimientos constatados”, concretó el edil, Aitor Miguel, en su trabajo en la calle y que se han saldado con una reciente decisión del equipo de gobierno de imponer una multa de un millón de euros a las firmas implicadas. Tomó también como ejemplo situaciones que se han dado con la firma FCC en otros puntos de la geografía “como Badalona en la que ha defraudado al Ayuntamiento 13 millones de euros”, concretó Miguel. Unido a ese tema añadió el edil abertzale “cuestiones de amiguismo y enchufismo en la contratación” que presuntamente se están llevando a cabo o “despidos para amedrentar” al personal. Destapó también otra “grave cuestión” de la que han recibido información sobre la “contratación de personal con el objetivo de comprar a ciertos sindicatos”, expuso Miguel. Espetó además a modo de crítica el abertzale la falta de respuesta desde el equipo de gobierno a la petición realizada de poder contar con los métodos de contratación para poder analizar los baremos que se siguen a la hora de aplicarlos para las nuevas contrataciones y desterrar toda la “rumorología” que se están creando alrededor del las incorporaciones.

Aludió también el concejal de EH Bildu a otro asunto más como es una “grabación en la que se habla de maletines sobre esta contrata y que en breve saldrá”, avanzó Miguel sin querer ofrecer más detalles. La petición del grupo abertzale encontró el respaldo de Irabazi que, a través de su portavoz Óscar Fernández, reiteró que recurrir a una investigación “no tiene que suponer ningún tipo de miedo” a la hora de dotar de “transparencia” al trabajo de la limpieza viaria. También desde Podemos se apoyó la posibilidad de poner en marcha la comisión ante el “indicio de que algo se hace mal y basta con sólo mirar las quejas del Buzón Ciudadano para comprobarlo”, remarcó el portavoz de la formación morada, Jorge Hinojal, en alusión a la trascendencia del mayor contrato de los que firma el Consistorio y que viene a suponer un 7% del total del presupuesto.

FUNCIÓN DE CONTROL Correspondió al responsable de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, contener los deseos de Bildu y el resto de formaciones a la hora de sacar adelante la moción. Se refirió al artículo 156 del Reglamento Orgánico del Pleno que estipula que una comisión como la solicitada tiene por objeto realizar “funciones de seguimiento y control de la actividad del alcalde y su equipo”, relató el jeltzale y que no se daba pie a ponerla en marcha, en un intento de los abertzales de “enredar los conceptos y mezclar churras con merinas”, espetó de manera coloquial. Incidió en ese aspecto a la hora de señalar que las funciones del garbigune y Reutilizagune que también pretendía Bildu se sometiera a investigación “son gestionadas por la empresa Escor”, apostilló Prusilla.

Alabó en ese sentido, El buen funcionamiento del Grupo de Residuos que tiene por objeto tener bajo control la manera de desarrollar el trabajo de la contrata. Se congratuló, además, Prusilla de que las últimas medidas del equipo de gobierno están encaminadas a lograr un “control exhaustivo” de las formas de trabajo de la empresa, algo que incluso las ha sorprendido “al no estar acostumbradas a tener semejante nivel y grado de control”, resaltó satisfecho el responsable del área.

Respondió también a la falta de respuesta a la hora de poner en manos de EH Bildu los documentos referidos a la contratación de personal. “En julio se le requirió a la UTE que nos entregara toda la documentación sobre las incorporaciones de personal”, en alusión a que en cuento dispongan de ella le será remitida al grupo solicitante. Envió también un recado directo a Aitor Miguel al recomendarle que, ante cualquier sospecha de prácticas de ilícitas en la contratación, “tiene legitimidad para ir a los juzgados de lo Social y, si tiene constancia de la existencia de maletines, debe presentarse ante la Fiscalía rápidamente”, manifestó Prusilla.