vitoria - Hasta ahora, Abetxuko ha demostrado que entrega el corazón, pero a partir de ahora va a probar que sabe usar la cabeza. Los vecinos del barrio-pueblo gasteiztarra se reunieron en los locales de la Asociación Uribe Nogales para anunciar que se va a presentar una demanda solicitando la anulación del contrato de arrendamiento que permite a los pichis permanecer en el número 48 de la calle de El Cristo y que, a partir de ahora, se aferrarán, única y exclusivamente, a las vías legales para seguir adelante con su lucha.
Esto no significa que los paseos vespertinos vayan a desaparecer, sino que las movilizaciones que lleve a cabo el colectivo se van a adaptar a la nueva situación y que se van a llevar a cabo de manera que no entorpezcan los tres frentes judiciales abiertos hasta la fecha contra los integrantes de la familia Manzanares Cortés: el juicio por la ocupación de la casa de Arantxa -que aún sigue vivo pese a la orden de desalojo cautelar- , el proceso por el intento de robo en una panadería de la zona y las presuntas ilegalidades cometidas en la tramitación del contrato de arrendamiento.
Los responsables de Uribe Nogales expusieron ayer las claves de la nueva demanda que hoy mismo se presentará ante los juzgados vitorianos. Los pichis residen actualmente en el número 48 de la calle de El Cristo merced a un contrato de alquiler facilitado por Remedios, una de las dos copropietarias del inmueble. No obstante, la hija de Remedios, cotitular al 50% de la vivienda, asegura no haber dado nunca permiso para arrendar la casa ni para que nadie ajeno a la familia se empadrone en ella, y explica que únicamente había dado autorización para que su madre viviera allí.
La hija de Remedios ha contratado a un bufete de abogados y ha preparado toda la documentación necesaria para iniciar una batalla legal que, según estiman los expertos jurídicos, requerirá de unos tres meses para que se celebre el juicio y de ocho para completar el proceso de desalojo en el caso de que el juez le de la razón. Los letrados consideran que se han cometido dos irregularidades: se ha preparado un contrato a espaldas de uno de los titulares de la propiedad y se ha producido una ocupación fraudulenta de la vivienda.
A pesar de que Remedios explicó que la vivienda cuenta con dos pisos, que ella se ha arrogado la titularidad de la planta baja para compartirla con los pichis y que la superior sigue perteneciendo a su hija, lo cierto es que este planteamiento carece de cualquier base legal. La portavoz de la comisión vecinal que se ocupa de este asunto recalcó ayer que una de las condiciones sine qua non para la segregación de una casa es que cada una de las partes cuente con un acceso diferenciado. La casa sólo tiene una entrada y para subir a la planta superior es necesario cruzar la inferior.
empadronamiento El empadronamiento de los Manzanares Cortés en Abetxuko está íntimamente ligado a la aportación del contrato, presuntamente ilegal, de arrendamiento. Formaba parte de los requisitos municipales para inscribir a la familia en la capital alavesa y si no lo hubieran entregado no se habría aceptado la solicitud. Ahora, si finalmente se demuestra que el documento no se ajusta a derecho y se declara nulo, los vecinos entienden que la decisión del Ayuntamiento de aceptarlos como vecinos de Vitoria será igualmente inválida y el empadronamiento decaerá.
Los representantes vecinales de Abetxuko informaron ayer de que se ha remitido un escrito a todos los grupos políticos del Ayuntamiento y al gobierno local para solicitar su apoyo a la causa emprendida por esta vecina de Vitoria, que ha visto conculcados sus derechos como copropietaria de una vivienda. Entienden que la implicación y el apoyo unánime de los responsables políticos contribuiría a lograr los objetivos legales y a acelerar el procedimiento judicial.
“Nunca he querido vender ni alquilar dicha vivienda. Tampoco he querido nunca empadronar en ella a nadie que sea ajeno a mi familia y mi voluntad. He dejado que mi madre viva en ella. En mi casa tengo mis cosas, mis recuerdos, mi habitación. No quiero que nadie ajeno a mi familia viva en mi casa, use mis cosas, hurgue en mis recuerdos personales. Es duro, triste, pero real que ahora no pueda ir a mi casa a visitar a mi madre porque en ella viven personas ajenas a mi voluntad sin mi autorización”, explica la misiva que ha recibido el equipo de gobierno municipal.
Sobre esta misma idea, los vecinos recordaron que cuando se aceptó el contrato como aval del empadronamiento, el alcalde manifestó públicamente que al Ayuntamiento estaba obligado a darles de alta en el padrón. Aseguran que, teniendo en cuenta la especial trascendencia social de este caso, los responsables municipales no analizaron con la necesaria rigurosidad los papeles aportados y que si se confirma la ilegalidad del documento, cabe la posibilidad de que el Consistorio haya participado en un acto irregular. Por estos motivos entienden particularmente necesario el respaldo de la administración local en el procedimiento que se inicia ahora. El grupo municipal de Podemos fue el primero en responder ayer afirmativamente al llamamiento vecinal y en reiterar su solicitud al gobierno municipal de mediación y asesoramiento legal para la afectada.
