El agua que se utiliza para regar los jardines de Vitoria y limpiar sus calles, la que sale de fuentes y llega a todos los hogares la gestiona el Ayuntamiento. La luz, sin embargo, es un servicio básico que prestan desde hace varias década unos pocos gigantes empresariales, disparando a su antojo las facturas. Pero, ¿qué sucedería si la institución que más directamente está llamada a velar por los intereses de la ciudadanía decidiera plantar cara al oligopolio e implicarse en el juego de la oferta y la demanda? Es lo que propondrá hoy EH Bildu a todos los grupos. Romper el contrato tradicional de quince millones anuales que les une con el lobby, crear una Agencia Municipal de la Energía que funcione como analista y comercial del sector para escoger a cada momento la mejor oferta, ahorrar así hasta un 10% y aprovechar el excedente para ayudar a las familias que sufran cortes de suministro e invertir en renovables. Que el control, en definitiva, sea lo más público posible para hacer frente a la lacra de la pobreza energética y avanzar en la sostenibilidad.

No se trata de una iniciativa disparatada. Algunos de los llamados ayuntamientos del cambio, como Pamplona, Barcelona o Valencia, ya la han puesto en marcha. Apoyándose en esas experiencias, EH Bildu cree que bastaría con contratar a un pequeño grupo de personas -un abogado, un administrativo y un par de economistas- para formar el organismo y empezar a ahorrar. “A corto-medio plazo, el Ayuntamiento podría reducir hasta en dos millones de euros anuales las facturas de sus edificios municipales y de alumbrado. Y esa ventaja para las arcas públicas sería el primer paso de una estrategia social de gran calado”, apuntilla el edil Aitor Miguel.

La idea es que todo ese dinero que ya no iría a engordar las cuentas de las eléctricas se aprovechara, principalmente, para ayudar a las familias más vulnerables a continuar teniendo luz. “Desde el Consistorio se les ayudaría a pagar las facturas con créditos a coste cero para que cuando salieran de su situación de pobreza empezaran a devolver el dinero prestado. Sería una medida mucho más eficaz que la convocatoria de ayudas de 50 euros de los pensionistas”, argumenta Miguel. Y, además, “aún sobraría una cantidad para invertir con mucha más contundencia que ahora en eficiencia energética y en energías renovables”.

Se trata, en definitiva, de conseguir que la administración cumpla sus funciones más básicas y se vuelque de verdad en cubrir las necesidades de la gente. “El fallecimiento de la mujer de Reus, cuya casa se incendió por una vela que pretendía suplir el corte del suministro eléctrico debe empujarnos a raflexionar”, apuntilla Miguel. Y eso que, en realidad, el edil duda de que su propuesta pueda salir adelante. Política y energía forman parte ya de una puerta giratoria demasiado bien engrasada.