vitoria - Gorka Urtaran lleva semanas defendiendo que no había forma de dar marcha atrás al cobro de los recibos del IBI en las VPO con la controvertida subida del 28% que supuso la actualización de los valores máximos de venta. Que ya estaban mandadas las órdenes a las entidades bancarias, que los pagos se cargarían el 2 de junio y que ahora sólo quedaba buscar fórmulas para mitigar el abuso a posteriori, con carácter retroactivo. Sin embargo, documentos contrastados por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA desvelan que hasta ahora el impuesto sólo se había girado a las familias que habían pedido abonarlo en nueve cuotas. Las demás, el grueso de las 27.683 afectadas por el incremento, tenían de plazo hasta el 24 de mayo, este martes, para solicitar el pago en seis veces, por lo que en realidad fue ayer cuando el Ayuntamiento de Vitoria pudo girar todas esas otras facturas, tanto las fraccionadas en seis partes como las cuotas íntegras.

También EH Bildu se hizo eco ayer del calendario de cobros y la gestión del tributo, en una rueda de prensa en la que desveló que desde el área de Gestión de Tributos les habían confirmado que “los recibos del IBI de las VPO están yendo hoy mismo a los bancos para que se carguen el 2 de junio”. Ahora bien, tras la sorpresa, aseguró que todavía el equipo de gobierno está a tiempo de evitar los pagos. Una opinión que comparte con los demás partidos de la oposición, que creen que si Urtaran ha decidido seguir adelante con el proceso ha sido porque la situación maltrecha de las arcas municipales apretaba y quería contar ya con los 1,158 millones de euros de más que supone el cobro del impuesto tal cual se queda con la modificación de la base imponible. “Pero lo hace a costa de las familias que pueden estar en peor situación”, reprochó la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion. “Y con una progresividad a la inversa”, puntualizó su compañero Antxon Belakortu, “incrementando el IBI de las VPO el mismo año que se notifica una bajada de un 43% en el general por la revisión de los valores catastrales”.

Por la tarde, en la ponencia de fiscalidad, la coalición abertzale reiteró su crítica al equipo de gobierno por la gestión del tributo desde el inicio. El Gobierno Vasco notificó en septiembre del año pasado la modificación de las bases imponibles, tanto a la Diputación, que a continuación transmitió la información al Ayuntamiento gasteiztarra, como a través del Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el gabinete de Urtaran no informó entonces de la novedad y no fue hasta el mes de abril cuando se conoció la subida que esa revisión iba a suponer en las VPO gracias a una exclusiva de este periódico. Hubo un gran revuelo ciudadano y el alcalde tuvo que salir a la palestra para pedir calma, reconocer que era un despropósito exigir ese esfuerzo fiscal -”no es razonable la aplicación de la subida de un día para otro”, subrayó- y prometer explorar diferentes vías, convencido de que con sentido común sería posible encontrar una solución.

“Sin embargo, Urtaran desechó nuestra propuesta el 21 de abril porque decía que era imposible y el 11 de mayo la mandó a consultar. Dijo que los recibos se habían girado y los ha girado ahora. Dijo que arreglaría la situación hace semanas y todavía no ha hecho nada”, reprocharon Larrion y Belakortu. A su juicio, el alcalde se ha dedicado a “engañar a la ciudadanía, responder a golpe de titular y cuando se han calmado las aguas ha desaparecido”. Desde el equipo de gobierno insistieron, sin embargo, en que han trabajado mucha en la fórmula, que su apuesta es modificar la Norma Foral y, por ende, la ordenanza municipal con carácter retroactivo para limitar el incremento “hasta un máximo del 10%”, pero que si no la ha trasladado a la Diputación aún es porque está esperando a que “cuente con el respaldo de la mayoría”. Un consenso que, con la excepción del PSE, que acaba de entrar en el equipo de gobierno, está a años luz de producirse.

EH Bildu se aferra a la carta que la Diputación emitió después de que el Ayuntamiento le pidiera que aclarase si podía atrasar la aplicación del tipo impositivo a 2017. La coalición abertzale entiende por la respuesta -no hubo posicionamiento a favor ni en contra de la interpretación de ningún partido- que cabe la posibilidad porque el Ayuntamiento no notificó el nuevo tipo a los contribuyentes en septiembre del año anterior. El PNV, por contra, considera que en el caso de los valores máximos de venta de las VPO, bastó con que la información novedosa apareciera en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, para salir de dudas, todos los grupos políticos quedaron en solicitar una nueva aclaración al Ejecutivo foral.

La que sí que quedó descartada del todo fue la otra propuesta sobre el IBI de las VPO puesta sobre la mesa, la diseñada por el PP, que defiende el pago del 71,7% del recibo este año y la aprobación de una bonificación en 2017 para contrarrestar la cuantía que quedaría pendiente. El equipo de gobierno sugirió que es jurídicamente inviable porque “la deducción no se ajusta a las que están incluidas en la ordenanza en vigor, si se aplicara sería necesario modificar la Norma Foral, aunque el PP no lo reconozca, y cualquier fraccionamiento del IBI sólo puede hacerse dentro el año en vigor, no se puede trasladar a otro”.

Otra carta a la Diputación. El único punto en el que los grupos políticos coincidieron fue en solicitar a la Diputación que vuelva a aclarar si el Ayuntamiento puede retrasar la aplicación del nuevo IBI de las VPO de 2016 a 2017. Con la primera carta que remitió, en la que no se mojó, el PNV interpreta que no es posible pero EH Bildu considera que sí que existe margen.

La portavoz de EH Bildu cree que el alcalde “está engañando a la ciudadanía” y aseguró que su grupo se va “a dejar la piel hasta el 2 de junio” para que el cobro de los recibos del IBI en las VPO “se eche atrás, algo que es posible con voluntad política”.

El concejal del PP responsable de los temas de Hacienda lamentó la gestión de Urtaran e insistió en que la congelación del IBI es posible, aunque desde el equipo de gobierno se ofrecieron argumentos que cuestionan la viabilidad jurídica de esa posibilidad.