Madrid - El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, apuntó ayer a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares del Estado español en el caso de no prorrogarse su actual vida útil prevista de 40 años. El desmantelamiento de los reactores nucleares acarrea elevados costes que incluyen la eliminación de los residuos nucleares y el almacenamiento a largo plazo.
El fondo -Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos- del que dispone hoy la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros.
En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (la de Trillo, en Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que “habrá que preguntarse si es suficiente” o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo.
La ampliación a 60 años es una de las peticiones de la patronal de las empresas eléctricas (UNESA).
“Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no (es suficiente)”, detalló Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva.
Acompañado por el subdirector general de la OIEA, Juan Carlos Lentijo, y el director de la División del Ciclo del Combustible Nuclear de este organismo, Christophe Xerri, el presidente de Enresa recordó que si el cierre de la última nuclear se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Será un “esfuerzo muy importante de financiación” y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.
Por otro lado, explicó que “siempre hay estrategias” para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC, previsto en el municipio conquense de Villar de Cañas). Enresa está “a la espera” del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental.
En el caso de que no haya un ATC, afirmó el presidente de Enresa, los desechos se pueden guardar en los almacenes nucleares individualizados de cada planta (ATIs), lo que es “extremadamente” más caro, alrededor del “triple” en comparación con el centralizado.
Prolongar o desmantelar Por su parte, Lentijo explicó que de las 440 centrales nucleares en operación en el mundo, alrededor de la mitad está llegando a final de su vida útil, un centenar está entrando en su fase final (en el plazo de cuatro o cinco años) y el resto espera ampliar su funcionamiento. En conjunto 160 reactores “ya están en parada definitiva” y 17 están totalmente desmantelados, entre ellos dos españoles (Vandellós I y Zorita).
El portavoz de la OIEA recordó que hay, fundamentalmente, dos tipos de políticas en los países: unos están analizando cómo extender la vida de los reactores (de 40 a los 60 años), otros que están optando por agotar las cuatro décadas y otros que han apostado por el abandono de la energía nuclear, sobre todo del centro de Europa. “Parece claro que vamos a tener que acometer muchos más proyectos de desmantelamiento en el futuro”, dijo ayer Lentijo, en cuya opinión “lo ideal” es iniciar esta fase lo antes posible, en cuanto lo permiten las condiciones una vez adoptada la decisión.
Unos 500 expertos y funcionarios superiores de todo el mundo se reúnen desde ayer y hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Madrid para estudiar las formas de avanzar en la clausura de instalaciones nucleares y la restauración ambiental de emplazamientos contaminados. La Comisión Europea copatrocina esta reunión, que cuenta además con el apoyo de Enresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).
Según algunos expertos, el coste de clausura y tratamiento de residuos de cada reactor nuclear en activo podría elevarse hasta los 1.300 millones de euros.- Efe
