vitoria - En el mundo de Alfonso Alonso, alquilar un local con fondos públicos para el que no se ha decidido ningún uso, por un precio muy superior al de mercado, con incrementos anuales de hasta el 9% y un contrato blindado que hace imposible su rescisión supone actuar “con arreglo al interés general”. Por eso, su partido recurrirá. “Naturalmente que lo hará”, subrayó ayer, en una entrevista en RNE. El ministro de Sanidad en funciones, presidente del PP vasco y alcalde de Vitoria en aquella época se aferra a que la Fiscalía archivó el caso porque no vio indicios penales para restar importancia a la sentencia del Tribunal de Cuentas, tachar el lesivo contrato de “una cuestión meramente administrativa”, acusar al resto de formaciones de “jugar a la confusión” y al PNV, en concreto, de usarlo para sus propios intereses “porque tiene serios problemas de corrupción”.

Ya antes Javier Maroto se había agarrado al mismo ventilador para decir que los nacionalistas, con sus “26 imputados por corrupción” en Álava por el caso De Miguel, “estarían mejor callados”. Así que el portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia en las próximas generales, Aitor Esteban, no pudo evitar salir a la palestra y devolverla. Según recordó, la cantidad que reclama la Fiscalía a los jeltzales es la mitad “de la que han malversado Alonso y Maroto”. Además, a toda la gente presuntamente implicada “se le pidió la entrega de sus carnés y la renuncia de sus responsabilidades” y, aun así, en “más de una decena de casos” llevados a los tribunales los imputados quedaron absueltos.

“Cuando se les ha llevado a ellos, ellos han resultado condenados”, sentenció Esteban, antes de pulsar el botón off del ventilador y exigir “una disculpa y una explicación” a Alonso y Maroto “por su nefasta gestión de los dineros públicos”, al margen de que técnicamente el “quebranto de 400.000 euros de los fondos públicos” no pueda llamarse corrupción. Las pidió en reiteradas ocasiones, pero fue un canto al viento. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo replicó que cuando “uno gestiona los recursos públicos muchos años a veces la oposición usa la Justicia o las instituciones para hacer oposición”, dijo que su partido combate la corrupción como el que más y llegó a proponer un pacto de todos los partidos en la próxima legislatura para evitar la malversación.

Para la asociación contra la corrupción Aldi Elkartea, la invitación sonó a un chiste malo. El colectivo advirtió de que la sentencia provisional del Tribunal de Cuentas no es el final de nada, consideró que las razones que supuestamente justificaron en su día según el PP la necesidad de alquilar el local de San Antonio no se ajustan a la verdad, pidió a Antón que haga pública la información que tenga en su poder -sobre, por ejemplo, los correos electrónicos cruzados en la negociación que luego fueron borrados por el Ayuntamiento- y que haga públicos con qué argumentos le convenció Maroto para rebajar las condiciones del contrato en 2013. - J.S.