vitoria - Nunca más volverá a construirse una estación de autobuses ni se reformará un palacio de congresos ni se levantará una avenida de arriba abajo ni se hará ninguna otra obra que cueste más de cinco millones de euros sin preguntar primero a la gente y acatar su opinión. El Ayuntamiento de Vitoria se ha apuntado al fin a la democracia directa, la de verdad, la vinculante, con la aprobación -ahora mismo en fase inicial- de un reglamento de consultas ciudadanas que, además de obligar a llevar a las urnas todos los proyectos estratégicos, permitirá poner sobre la mesa cualquier otro asunto local siempre que cuente con las firmas del 10% de los gasteiztarras. Un hito atrevido en una población con espíritu crítico, acostumbrada a poner el grito en el cielo, a veces con justificación, otras no tanto, con cada movimiento municipal.

Los grupos políticos no dudaron en felicitarse con efusividad, entre ellos y a los técnicos, por el intenso trabajo de los últimos seis meses y su materialización en el documento aprobado ayer. Fue un sí unánime, a pesar de que en la ronda de votaciones de las enmiendas muy pocas de las presentadas por la oposición habían llegado a buen puerto. Sorprendentemente, o no, la Corporación nacida en esta época revuelta ha querido “sumar”, “remar en la misma dirección”, “consensuar” -cada cual lo dijo a su manera- para avanzar en el ejercicio de la participación, a costa de algunas renuncias voluntarias, otras menos, y adaptando sus deseos a la recién aprobada Ley de Regímenes Locales de Euskadi y a la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que los tribunales tumben el reglamento o que el Estado pueda negar alguna consulta.

Ese es uno de los grandes éxitos del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento. Otro, que las consultas serán vinculantes, cosa que hace medio año parecía imposible. Podrán plantearse cuestiones que afecten a toda la ciudadanía, como las relativas al Plan General de Ordenación Urbana, pero también de carácter más localista. Estarán abiertas a personas mayores de 18 años, aunque si se trata de consultas territoriales o de materias muy excepcionales estaría permitida la participación a partir de los 16 y a las personas extranjeras que estén empadronadas en Vitoria.

A partir de ahí, las consultas pueden nacer de la iniciativa institucional -cuestión de la que el PP recelaba pero que ha acabado aceptando- o de iniciativas ciudadanas. En el primer caso, cualquier grupo político tendrá la oportunidad de plantear su propuesta con independencia del número de concejales que tenga. En el segundo, se exigirá que las personas interesadas en llevar a las urnas una cuestión recaben las firmas de al menos el 10% de la población mayor de edad de la ciudad. El Ayuntamiento había planteado en los primeros borradores un porcentaje menor, del 4% para las consultas locales y del 7% para las territoriales, e Irabazi había sugerido en una de sus enmiendas rebajarlo a sólo un 1% para facilitar la participación, pero la nueva ley municipal es demasiado cristalina al respecto.

Lo más brutal de este reglamento es, no obstante, que siempre que un proyecto cueste más de cinco millones de euros, cuantía a partir de la cual es bautizado como “estratégico”, el Ayuntamiento deberá consultar sí o sí a la ciudadanía. Se trata de una exigencia sin condiciones, aun cuando ni un sólo grupo quisiera llevar a las urnas la obra mastodóntica de turno. Podemos también quería que se convirtieran en referendo las inversiones realizadas por fases cuya suma de las partes superen los diez millones en una legislatura, pero su enmienda no salió adelante porque sólo logró el apoyo de EH Bildu e Irabazi. No obstante, la volverá a presentar por si suena la flauta en las próximas fases del proceso de ratificación del documento.

El reglamento también dice que “el número de consultas que pueden realizarse cada año no será superior a dos”, aunque no es exactamente así. En realidad, en cada proceso se podrá someter a votación más de una cuestión. El alcalde será el encargado de agrupar las diferentes iniciativas en cada uno de esos dos paquetes, para procurar una gestión eficiente de los recursos públicos. Ahora bien, antes de eso, el Pleno deberá haber resuelto la admisión de la propuesta de turno, que en la mayoría de los casos será favorable porque sólo se contemplan cinco supuestos para el rechazo. El principal, que no hayan transcurrido cuatro años desde la celebración de una consulta sobre el mismo asunto.

A continuación, tendrá que aprobar la celebración del referendo, para lo que se necesita mayoría absoluta y la autorización del Gobierno central. Y una vez publicado el acuerdo en el BOTHA, la consulta tendrá que realizarse entre 90 días y un año después de ese momento. Puede que la celebración o no de corridas de todos sea la primera.

Debates pendientes. Podemos va a seguir defendiendo que también se lleven a consulta proyectos ejecutados por fases cuya suma de las partes supere los 10 millones de euros en una legislatura. Irabazi quiere que el reglamento establezca que no se celebrarán consultas sobre cuestiones relativas a derechos humanos, de los animales y biodiversidad porque entiende que hay leyes para eso y “los derechos no se votan”, mientras que EH Bildu aboga por introducirlos como objeto de consulta cuando se trate de “avanzar y no de retroceder”. Por su parte, el PP continúa considerando que el reglamento sólo debería contemplar la iniciativa ciudadana y no la institucional.

Siguientes pasos. Las pequeñas desavenencias no han impedido sacar adelante el documento en su primera fase. Ahora, el proceso continuará con la aprobación inicial del documento en el Pleno municipal, el plazo de treinta días de exposición al público, la presentación de alegaciones y su votación, para concluir con la ratificación definitiva de nuevo en el Pleno. Cuestión de unos meses.

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El reglamento contempla la celebración de un máximo de dos consultas al año, aunque en cada una de ellas se podrá someter a votación más de una cuestión. Se trata de ahorrar recursos.