vitoria - Al final llegará el 2 de junio y el Ayuntamiento de Vitoria cobrará el IBI, sí o sí, con la polémica subida del 30% para las viviendas de protección oficial. La ponencia de fiscalidad ha sido incapaz de acordar por mayoría una fórmula que corrija el incremento sobrevenido de la revisión de los valores catastrales y las facturas ya han sido giradas, así que no hay margen de maniobra, o eso aseguró ayer el alcalde, para anular las órdenes a las entidades bancarias, evitar los cobros y esperar a que la mayoría de la Corporación pacte una fórmula que resuelva el entuerto y fije definitivamente una cantidad. Total, que tras tres semanas de culebrón, la incertidumbre va a continuar para las 20.000 familias titulares de VPO que, de la noche a la mañana, se llevaron la sorpresa de tener que pagar este año entre 44 y 77 euros extra de tributo. Ahora, lo que está por ver es cuánto les será devuelto, si todo lo que se les ha exigido de más o una parte y en qué medida, y cuándo sucederá.

Lo único que está claro es que el reembolso, el que sea, se producirá a lo largo del año. Nada más. A falta de conseguir un pacto mejor, Gorka Urtaran ha decidido respaldar la petición de EH Bildu, Podemos e Irabazi Gasteiz de posponer la búsqueda de una solución que subsane el conflicto para, mientras tanto, evaluar en su conjunto impuestos, tasas y precios públicos, ver con qué ingresos directos necesitaría contar la Administración para mantener la calidad de los servicios y, a partir de ahí, recaudar teniendo en cuenta la precariedad que todavía sufre buena parte de la ciudadanía. “En la ponencia de fiscalidad se ha planteado un poco más de tiempo y la propuesta del análisis me parece razonable”, apuntó el alcalde. Por eso, va a solicitar a la Diputación que notifique los nuevos valores catastrales en septiembre en vez de en junio -petición que el Ejecutivo foral dijo ayer no haber recibido oficialmente- y, mientras, aprovechar para el estudio.

Eso no quita para que el PNV siga defendiendo su propuesta para mitigar esa subida “desproporcionada” del 30% del IBI de la que culpa al anterior gobierno municipal “por una decisión de 2012 de la revisión de los valores máximos de venta”. Urtaran recordó grosso modo su planteamiento: modificar la Norma Foral y, por ende, la ordenanza municipal con carácter retroactivo para limitar el incremento “hasta un máximo del 10% en el IBI de la VPO”, incremento que a él le parece “razonable”. Y a esa medida añadiría el fraccionamiento de los pagos hasta en nueve cotas y las bonificaciones que ya existen. “Así solucionaríamos el problema de este año con las VPO”, defendió. Urtaran lo ve fácil, pero sabe que ahora, en lo que toca a las viviendas de protección oficial, necesita el visto bueno de la mayoría de la Corporación y no le vale con el respaldo del PSE, con quien firmó en junio del año pasado un acuerdo de gobernabilidad. Necesitaría los apoyos de los partidos de izquierda, que no se cansan de defender una fiscalidad progresiva y verde, en función de la renta de las unidades convivenciales, a partir de una fotografía lógica de todos los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento para que no pase como con el IAE.

EH Bildu, Podemos e Irabazi Gasteiz fueron muy críticos con el acuerdo que alcanzaron el PNV, PSE y PP con SEA para reducir el impacto del IAE. Supuso echar por tierra el compromiso que Javier Maroto, cuando aún gobernaba, había adquirido con la izquierda abertzale para aplicar una subida del 41%. También conllevó un descenso de 7,3 millones de euros en la recaudación que ahora hay que obtener por otros lados. Y lo que no quieren es que paguen el pato los colectivos más vulnerables. Por eso, consideran que lo adecuado es realizar ese debate conjunto de impuestos, tasas y precios públicos para que cuando se tomen decisiones con el IBI no se repitan vaivenes como el que supuso aquella fotografía de octubre de 2015.

Y así va a ser. Urtaran quiere poner fin al culebrón del IBI de las VPO. Y su intención es hacerlo allanando el camino para encarar el próximo ejercicio con el mejor pie posible. “Resuelto este asunto, en 2017 podríamos aplicar una política fiscal con sentido común, con recibos en la mayoría de los casos a la baja y, en los casos en los que suban, que no superase el 10%”, subrayó. El objetivo es exigir a la ciudadanía un esfuerzo “proporcionado” para “mantener más o menos” la recaudación, buscando el equilibrio entre tributos. El IBI sería uno de los que arrojaría resultados a la baja, por la reducción de los valores catastrales. Otro, la Plusvalía.

“La previsión es que descienda de forma significativa y es importante tenerlo en cuenta para la previsión de 2017%”, dijo Urtaran. Y aún podría caer más. “Es un impuesto que debe ser revisado porque no tiene en cuenta la situación económica”. El propio Tribunal Constitucional está en ello, pues ha admitido a trámite la denuncia recibida por un juzgado de Vitoria que cree que algunos artículos de la Norma Foral que lo regula, y por ende la ley estatal, podrían ser inconstitucionales. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, son muchos los propietarios que venden sus viviendas con pérdidas, pero eso no les ha eximido hasta ahora de pagar un tributo que entiende que siempre se hace dinero con las transacciones.